CV DIRECTO… el tráfico de influencias

Palestra mediática en el sonado y desgastado juicio entre socios y directivos * La empresa Suave y Fácil, S. A. de C. V., víctima de la ilegalidad, es defraudada por José Ramón Andreu y María del Pilar Cruz, quienes gozan de la protección de jueces

Uno de los temas que ha estado en la palestra mediática es el sonado y desgastado juicio entre los socios y directivos de una marca que ha consolidado un prestigio importante no sólo por su penetración en mercados de consumo, también como fuente de ingresos de los medios electrónicos que han logrado hacer enormemente productivos los tiempos de aire que en antaño se veían más bien como perdidos.


Me refiero a la marca CV Directo, propiedad de la empresa Suave y Fácil, S. A. de C. V. y la cual se vio defraudada por los socios José Ramón Andreu Zermeño y María del Pilar Cruz Robayo, esta última también conductora de los programas informerciales, a quienes se les giró orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada con la intervención de dos o más personas armadas, quienes sustrajeron los tokens bancarios más el asalto a las bodegas de CV Directo. 

 

ROBO E INTIMIDACIÓN AL PERSONAL DE LA BODEGA

Como referencia de este desgastante juicio, el día 2 de mayo del presente año, destaca el juicio, María del Pilar Cruz Robayo, Hugo Pérez Pla y José Ramón Andreu Zermeño, arribaron a la bodega de la compañía, ubicada en Calzada de la Naranja 1, colonia Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en compañía de personas encapuchadas, uniformadas y portando armas largas. Ingresaron al almacén intimidando al personal, amenazando a Gabriela Morales Francisco y Agustín Arroyo Ballesteros, colaboradores de la misma, pero no conformes con eso los amagaron con llevárselos detenidos si no les firmaron su renuncia, entregaban los dispositivos de acceso a las cuentas bancarias y el dinero en efectivo de la empresa.

Sus amenazas rindieron frutos: José Ramón, Hugo y María del Pilar se apoderaron de diversos dispositivos de acceso a cuentas bancarias de la compañía y 951,400.00 pesos, destaca el documento procesal.


En consecuencia Gabriela y Agustín acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a denunciar los hechos; finalmente, a petición del Ministerio Público, una juez de Control del Estado de México giró orden de aprehensión en contra de los agresores como probables responsables del delito de extorsión agravada, previsto y sancionado por el artículo 266, párrafos primero y tercero, fracciones II (intervengan dos o más personas armadas), III (con violencia) y IV (el sujeto pasivo es una mujer).

 

CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL


Lo irónico y abiertamente evidente es que el pasado 24 de octubre fue detenido José Ramón Andreu Zermeño; y seis días después, el 30 de octubre, la juez de control Judith Cipriana Fuentes Martínez, a pesar de la existencia de datos de prueba contundentes en contra del imputado, extrañamente resolvió que no era procedente vincular a Andreu a proceso porque no quedó acreditado si el beneficio que obtuvo era para sí o para otra persona; porque no quedó acreditado si la finalidad del delito era obtener un beneficio o causarle un daño a las víctimas; y porque a su parecer no se trataba de un delito sino de un asunto civil ventilado ante un juzgado de la Ciudad de México.


Un hecho adicional: el martes pasado María del Pilar Cruz Robayo fue también detenida y puesta en libertad, en menos de 24 horas, por la juez de control Alejandra Fragoso Romero, quien consideró que, aunque la orden de aprehensión fue obsequiada por el delito de extorsión agravada con la intervención de dos o más personas armadas, dicho ilícito no se encuentra dentro del catálogo previsto en el Artículo 19 Constitucional y por lo tanto los policías aprehensores violaron una suspensión provisional otorgada por un juez de Distrito.


Deja más interrogantes que respuestas satisfactorias la puesta en libertad de ambos personajes justamente por jueces de control, ambos del mismo distrito judicial en Tlalnepantla, lo que pone en absoluta duda el honesto ejercicio del derecho dentro del Poder Judicial del Estado de México, por lo que habrá de seguir de cerca al actuar de los jueces Judith Cipriana Fuentes Martínez y Alejandra Fragoso Romero.


Con el actuar de estos jueces, Fuentes y Fragoso, es cuando se le da la razón al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus Mañaneras siempre critica el mal actuar y la corrupción campeante en el Poder Judicial.

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