Rebeca Marín
Las Universidades Públicas Estatales (UPES) tienen mil 577 millones de pesos por aclarar, de acuerdo con los resultados de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, que presentó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante diputados.
El monto, que deben aclarar 35 universidades, es un tercio de los siete mil 175 millones 157 mil pesos observados en total en esta segunda entrega de la Cuenta Pública.
Las Universidades Autónomas de Coahuila (UAdeC) y de Nayarit (UAN) concentran 66 por ciento de las irregularidades detectadas por la ASF en las instituciones públicas de educación superior, pues tienen pendientes por aclarar 613 millones 255 mil 981 pesos y 431 millones 540 mil 256 pesos, respectivamente.
De acuerdo con las auditorías, la UAdeC efectuó pagos en contravención de las categorías autorizadas, pues se identificaron pagos a dos mil 130 personas que ocuparon más de una categoría en la misma catorcena por 368 millones 893 mil pesos, por lo que la Contraloría General de la Universidad inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
La UAN, por su parte, no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la aplicación de 404 millones 830 mil 507 pesos transferidos a 12 cuentas bancarias a nombre de la universidad, correspondientes a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en los objetivos establecidos de acuerdo con los anexos de ejecución y los convenios de apoyo financiero correspondientes; el Órgano Interno de Control de la Universidad inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Las Universidades Autónomas de Sinaloa (UAS) y de Chiapas (UNACH) tienen pendiente por aclarar el destino de 128 millones 382 mil 420 pesos y 102 millones 430 mil 710 pesos, respectivamente, de acuerdo con las auditorías efectuadas por la ASF.
Estas últimas, están en la lista de las siete universidades en riesgo de quiebra, de acuerdo con Luis González Placencia, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
González Placencia dijo que las universidades públicas del país acumulan un déficit de 30 mil millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones de fin de año y la gratuidad y universalidad de la educación superior, una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, la AF detectó posibles daños al erario por cinco mil 788 millones de pesos.
El titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, explicó que las irregularidades que se detectaron en la segunda parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 corresponden al pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, falta de documentación justificativa o probatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores, irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y transferencia de recursos de otras cuentas bancarias.
Entre estas irregularidades, se encuentran pagos en exceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el gasto en obras de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sobre el AICM, la Auditoría detectó pagos en exceso por poco más de 5.5 millones de pesos en obras de infraestructura durante el año pasado.
Las irregularidades detectadas por la auditoría a inversiones físicas 2022-2-13KDN-22-0007-2023 se focalizan en los trabajos para la construcción de una plataforma de emergencia y la sustitución de subestaciones eléctricas en la principal terminal aérea del país.
El documento advierte que el AICM permitió y pagó la ejecución de trabajos con base en un proyecto modificado, sin acreditar la formalización de algún convenio y el dictamen técnico que justifique las modificaciones realizadas.
Derivado de esta revisión, la ASF emitió dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones contra el AICM.
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