Martín Aguilar
Yosseline es una joven de Sinaloa de 21 años que optó por la interrupción de su embarazo. "Regresé a los tres días como me dijo el doctor para que me hicieran un legrado, y le pregunté a una de las enfermeras si era normal que me hubiera dolido tanto o por qué no me habían recetado algo para el dolor, y me dijo que traer un hijo al mundo era mucho dolor, pero quitarle la vida era un castigo y tenía consecuencias".
Acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en clínicas y hospitales del sector salud en los estados implica enfrentar obstáculos, como prejuicios morales y religiosos, descalificaciones, falta de medicamentos, de personal no objetor de conciencia, largas, e incluso, la negativa a ofrecer el servicio.
Una investigación periodística documentó este tipo de casos en nueve entidades donde está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación en su mayoría: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Sinaloa.
De acuerdo con testimonios y entrevistas recabados en estas entidades, los obstáculos han propiciado que algunas mujeres desistan de practicarse un aborto en unidades hospitalarias de las secretarías de Salud locales, e incluso, del IMSS y del ISSSTE que, hasta ahora, sólo realizan interrupciones por tratarse de casos de violación (NOM 046). En su lugar buscan apoyo de colectivas o recurren a clínicas privadas si tienen recursos.
Vanessa tenía 17 años cuando llegó al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz, Baja California Sur. Solicitó informes para interrumpir su embarazo de cuatro semanas, producto de su primera relación sexual. Se retiró del lugar con miedo, el doctor y la enfermera le indicaron que su única opción era un legrado y condicionaron el servicio: debía presentarse con una persona adulta para que firmara una responsiva, toda vez que, "podía quedar infértil, morirme o desangrarme", le advirtieron.
"Cuando fui a pedir información me pasaron rápido, pero en cuanto le dije al médico que quería abortar, cambió su rostro. Al momento de hacerme preguntas de rutina me hizo mucho hincapié en la parte religiosa. No me dijo abiertamente está mal, pero sí me hizo sentir culpa, y cuando me dijo del legrado, me lo hicieron ver como algo demasiado peligroso, que lo pensara muy bien porque había la posibilidad que ya no pudiera tener hijos a futuro".
Hija de una familia profundamente católica, hermana mayor, estudiante. Pasaron los días hasta que habló con sus padres. En diciembre, llegó al consultorio particular de una ginecóloga acompañada de su papá y su mamá y ya en su casa tomó las dosis indicadas. Posteriormente, estuvo en un proceso terapéutico y hace unos meses ingresó a la universidad.
El caso de Naty tuvo un desenlace diferente. A sus 23 años acudió a un centro de salud de Iguala, Guerrero, donde solicitó el retiro del DIU y la interrupción de su embarazo, pero, dijo, le negaron el servicio.
La historia se repitió en otra clínica pública y la opción que le dieron fue realizarle un procedimiento de forma particular con pastillas, por un monto de 35 mil pesos.
Transcurría junio cuando buscó el acompañamiento de la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, quien le sugirió acudir al Hospital General, donde recibió un buen trato de la directora y la trabajadora social, pero todo cambió cuando llegó con el médico, quien al ver que tenía el dispositivo, le dijo que se lo quitaría sin anestesia; "a ver cómo te va a doler, así como le abriste las patas ni modo que no puedas", relató.
El responsable del programa Aborto Seguro de la Secretaría de Salud de Guerrero, Manuel de la Cruz Candela, admitió: "no lo voy a negar, ha habido muchos casos de rechazo, pero al establecer rutas de atención eso ha ayudado a reducir los casos de negación del servicio. Se ha podido subsanar cada caso que hemos tenido".
Daniela Pérez, integrante de la colectiva Las Calafias Aborto Seguro, comentó que otro problema en el sector salud es el retraso en la atención a las adolescentes que solicitan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —como ocurrió en el caso de Vanessa—.
"Los funcionarios interpretan que las adolescentes tienen que presentarse con sus madres, padres o tutores para acceder al aborto. Les hacen dar muchas vueltas, a veces tardan más de los cinco días para practicar el procedimiento. Eso desincentiva la decisión.
"Además, deben sensibilizar al personal de Salud, porque hay mucho que se declara objetor de conciencia. Hay poco personal que quiera practicar los abortos, es como un estigma médico, y los juicios morales nublan el ejercicio de su profesión", opinó la activista.
La falta de pastillas para inducir el aborto es otra realidad en clínicas de estados como Oaxaca, Hidalgo y Sinaloa. El pasado 28 de septiembre, en el marco del Día Internacional de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, colectivas advirtieron en una carta pública que no hay disponibilidad de medicamentos y presupuesto etiquetado para practicar la ILE a las oaxaqueñas, además de que faltan políticas que promuevan el aborto seguro y legal.
Ricardo Corona, encargado de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Hidalgo, reconoció que se apoyan en organizaciones de la sociedad civil para completar los recursos para la obtención de medicamentos o material quirúrgico, con el fin de ofrecer el servicio de aborto.
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