Martín Aguilar
Las tomas clandestinas que utiliza la delincuencia organizada para robar hidrocarburos aumentaron 120% en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo los municipios del Estado de México los que encabezan los "pinchazos" en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el centro del país, lo que demuestra que el huachicol se desbordó y exhibe una tendencia imparable.
De acuerdo con el reporte final de sexenio, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), este diagnóstico coincide con los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), respecto a que siete de los municipios mexiquenses, ubicados en el Valle de México, están bajo el control de grupos criminales que han aumentado el hurto de combustibles.
El Observatorio Nacional Ciudadano, encabezado por Francisco Rivas, advirtió que el huachicol no ha desaparecido ni está controlado como dice la retórica del gobierno federal.
El Observatorio Nacional Ciudadano, encabezado por Francisco Rivas, advirtió que el huachicol no ha desaparecido ni está controlado como dice la retórica del gobierno federal.
En su reporte final de sexenio, esta organización menciona que en 2023 se alcanzó el máximo histórico de tomas clandestinas registradas por Petróleos Mexicanos.
Establece que en los primeros cinco años del hoy ex Presidente Enrique Peña Nieto se registraron 21 mil 503 tomas, y en el mismo periodo de Andrés Manuel López Obrador la cifra se disparó a 47 mil 317.
Esto representa un incremento del 120%, lo que significa que la tendencia a la baja de 2018 a 2020 se ha revertido y el problema es más grave que en cualquier gobierno anterior.
La información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP apunta a una conclusión coincidente, pues este grupo repartidor de combustible advierte que, a través de boquetes hechos por la delincuencia organizada en los ramales de Petróleos Mexicanos, los criminales han venido actuando con suma impunidad, principalmente en el centro del país.
Las entidades donde se tienen detectadas tomas clandestinas, conforme a la información que posee la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, cuyo presidente ejecutivo es Carlos Serrano Farrera, son: Estado de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo.
En el territorio mexiquense los municipios donde los grupos delincuenciales sustraen de manera ilícita el combustible y ejercen un control absoluto son: Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Nextlalpan, Tonanitla, Polotitlán, Papalotla, Coyotepec y Chiautla.
En lo que hace al robo de Gas LP, Amexgas tiene datos de que en 2018 la cifra de "cirugías" hechas por la delincuencia organizada para robar este combusti[1]ble era de 222; en 2019 subió a mil 315; en 2020 se fueron a 2 mil 71; en 2021 aumen[1]taron a 2 mil 402; en 2022 crecieron a 2 mil 503, y en el primer semestre de 2023 el número se disparó a 3 mil 848, lo que representa un incremento del 1,633%.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en su reporte final de sexenio sobresalen incrementos en otros delitos y manifestó que el actual gobierno federal quedará en deuda respecto a la reducción de los delitos que más afectan a la sociedad, por lo que el régimen lopezobradorista será recordado como el sexenio más violento de la historia.
Francisco Rivas afirmó que, a poco menos de nueve meses de que termine la actual administración federal, y a unos cinco meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, existen registros de aumento en diversos delitos.
El titular del Observatorio Nacional Ciu[1]dadano aclaró que el gobierno en turno debilitó los registros estadísticos que permitían validar los resultados y diseñó indica[1]dores de una manera muy ambigua.
Los reportes advierte, por ejemplo, que "otros delitos contra el patrimonio" presentan un crecimiento del 40%; "otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual", un incremento del 175%; "otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, un 94% más; "otros delitos que atentan contra la libertad personal, un 54%, y "otros delitos del fuero común, un crecimiento del 25%.
Indicó que con los cambios hechos en este sexenio en materia de monitoreo de incidencia delictiva existe un subregistro y manipulación de datos Asimismo, Francisco Rivas destacó que con base en el análisis de su reporte de fin de sexenio se desmienten las declaraciones
triunfalistas en torno a la reducción de la violencia de género, del robo de hidrocarburo, de la desaparición de personas, de la transparencia y la rendición de cuentas.
Consideró como imperativo hacer un corte de caja y evaluar si las acciones de esta administración han logrado mantener sus promesas y cristalizar sus objetivos, con el fin de entender si las propuestas de quienes contenderán por la Presidencia de la República, en torno a la continuidad o al cambio de la estrategia, ayudará o dificultará la recuperación de la tan anhelada paz social.
Resaltó que la calidad de la información sobre incidencia delictiva empeoró. Se perdieron los esfuerzos de la administración federal pasada por mejorar la calidad de los registros de incidencia delictiva del fuero común e identificó un crecimiento inexplicable de categorías opacas.
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