Rebeca Marín
La Ciudad de México y el Estado de México ocupan el octavo y séptimo lugar en la Encuesta sobre Percepción de Corrupción en el Sector Privado, al registrar tasas de incidencia de corrupción de 56 y 60%, respectivamente, lo que ubica estas entidades por arriba de la media nacional que es del 48%.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de Coparmex; Mayte García Miravete, Vicepresidenta de Anticorrupción de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex; Leonardo Núñez, Director de Investigación Aplicada de MCCI y Ricardo Alvarado Andalón, investigador de MCCI, quienes destacaron que este porcentaje de incidencia de corrupción es el más alto reportado por las empresas durante los últimos 6 años que DataCoparmex ha levantado esta encuesta y representa un incremento de nueve puntos porcentuales comparado con el dato del año anterior, cuando la incidencia había sido de 39%.
Al señalar que actualmente 5 de cada 10 empresas han enfrentado algún tipo de acto de corrupción, los panelistas destacaron que esta lesiva práctica le cuesta al país entre 1 y 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que resta competitividad a las empresas, certidumbre jurídica, desalienta la inversión y aumenta los tiempos de los trámites.
José Medina Mora, presidente de Coparmex informaron que al inicio del sexenio el índice de corrupción se ubicaba en 38%, y a pesar que en los cuatro primeros años se observó una disminución, en los dos últimos años este indicador volvió a subir para ubicarse en 48%.
"Lo que hemos visto es que a nivel estatal no se están dando los recursos a los Sistemas Anticorrupción o no se dan los nombramientos, lo cual es una manera de impedir que puedan actuar", señaló Medina Mora.
En este caso, el investigador de MCCI, Ricardo Alvarado refirió que la principal recomendación para el caso específico de la Ciudad de México es que haya Sistema Anticorrupción. Recordó que dejó de operar el año pasado cuando los tres únicos integrantes que quedaban renunciaron porque no estaban recibiendo la contraprestación por su trabajo.
A su vez, Leonardo Núñez comentó que en una evaluación del Tianguis Digital -que es el sistema de transparencia de compras públicas que presumió la candidata Claudia Sheinbaum en el debate presidencial- fue revelador y preocupante que no hay un solo contrato transparentado en esa plataforma.
"El Tianguis Digital se presume que ha ganado muchos premios porque está muy bien diseñado, con muchos datos de cómo se planea comprar, pero sin un solo dato de cómo se compró realmente", indicó.
"Estamos en un momento raro, en el que acciones o casos que a todas luces son fenómenos de corrupción no son llamados como tal, existe una predisposición a decir que no es, porque lo dice el de enfrente, cuando la lucha contra la corrupción se debe despartidizar y ver la realidad a los ojos, quién la hace la pague y que no dependa de quién la hace si paga o no paga", señaló Leonardo Núñez.
La Encuesta de Coparmex y MCCI reveló que las tres razones principales señaladas por las empresas para participar en un acto de corrupción fueron directamente vinculadas con interacciones con las autoridades, ya sea del nivel federal, estatal o municipal.
Agilizar trámites fue la explicación principal para el 59% de las empresas involucradas, seguida de obtener licencias o permisos para el 39% y por último, para evitar multas, sanciones o clausuras, fue el 31% de los casos.
A pesar del crecimiento en la incidencia de corrupción, 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades. Las dos justificaciones más importantes para no presentar una denuncia son que los empresarios lo consideran un acto que no sirve para nada y, de manera preocupante, el temor a represalias. En el caso de las empresas que sí denunciaron, únicamente el 4% de los casos tuvieron un proceso que se investigó y culminó con la sanción al responsable.
Si bien, el valor nacional de empresas que experimentaron corrupción es de 48%, cada región del país vive de manera diferenciada este fenómeno. Entre las entidades representadas por la encuesta, la mayor incidencia se concentra en Baja California (67%), Puebla (65%), Quintana Roo (64%), Tlaxcala (63%) y Sinaloa (63%). Las entidades con menores índices fueron Guanajuato (35%), Querétaro (32%), Tamaulipas (32%), Coahuila (28%) y Durango (19%).
Por su parte, Mayte García Miravete destacó la importancia de que las empresas cuenten con un código de ética, mismo que ha sido impulsado desde Coparmex para mejorar su funcionamiento. "Estamos hablando de esta fuerza tan importante en nuestro país que, por supuesto, tiene que manejarse en este rango de ética, de integridad, para cuidar, no sólo su reputación, no sólo su imagen, sino también el bienestar, la producción, la generación de riqueza, de empleo, para un país que, como México, está llamado siempre a ser muy grande", afirmó.
La encuesta contiene aspectos positivos que muestran algunos de los pasos que ya se han dado desde el sector privado. Por ejemplo, 51% de las empresas cuenta con un código de ética, 29% tienen algún proceso de auditoría interna y 23% tienen una política anticorrupción específica. Sin embargo, existe todavía un espacio de mejora para el 20% de las compañías que reconoce no contar con ninguna medida interna para disminuir los riesgos de corrupción, por lo que hay una agenda pendiente que MCCI y COPARMEX se han comprometido a trabajar de manera conjunta.
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