Con las elecciones en puerta, Movimiento Ciudadano enfrenta escándalos de presunta corrupción en los dos únicos estados que gobierna: en Nuevo León, por su propio gobernador, y en Jalisco, por sus candidatos a los puestos más importantes.
En los últimos días, un diario de circulación nacional ha ventilado los millonarios negocios que Samuel García y su padre han hecho por medio de su despacho fiscal, sobre todo desde que el esposo de Mariana Rodríguez es gobernador.
Si bien es cierto que Samuel no nació en la pobreza, su familia tampoco ha sido de las más acaudaladas en esas tierras, aunque parece volar hacia allá, mediante sospechosas operaciones que ni el SAT ha podido explicar.
El caso salpica a su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, pues la mayor parte de su campaña la ha hecho en Nuevo León, bajo el cobijo del gobernador, con quien incluso se va al futbol a refrescar la garganta.
Precisamente de tierras regias salen sus pegajosos spots, amén de que fue García quien lo destapó para la candidatura presidencial; no se necesita ser genio para saber a qué intereses responde el zacatecano.
Quizá por eso otro gobernador naranja, el jalisciense Enrique Alfaro, se negó desde el principio a apoyar la propuesta de su colega de Nuevo León, y ha marcado distancia.
Aunque eso no deja fuera del escándalo a Jalisco, pues en los últimos días El Universal, otro diario nacional, ha revelado presuntos depósitos millonarios en efectivo durante el último año a las cuentas de la candidata emecista a Guadalajara, Verónica Delgadillo.
Según el diario, la senadora con licencia recibió 4.6 millones de pesos en efectivo en tres bancos diferentes, mediante depósitos en ventanilla, practicaja y transferencias SPEI, que no ha podido explicar al SAT.
En este escándalo aparece involucrado el también senador Clemente Castañeda, que buscó la candidatura presidencial antes que Álvarez Máynez, pero se quedó en el camino; él hizo parte de esos depósitos.
La oposición señala que Delgadillo pudiera estar incurriendo en lavado de dinero, aunque si comprueba que se lo dieron sus compañeros legisladores, el INE tendría que investigar el posible uso de recursos públicos para fines electorales; ambos son delitos.
Pero si esto pasa en la Perla Tapatía, la candidatura a gobernador también golpea al naranja, pues Pablo Lemus fue denunciado en la FGR por una serie de millonarias propiedades difíciles de justificar. Él ya fue alcalde de Guadalajara y de Zapopan, las dos grandes urbes de Jalisco.
Y como cereza del pastel, gobiernos emecistas de esa entidad, como el de Tepatitlán, a pocos minutos de la capital tapatía, son investigados por otorgar millonarios contratos a un empresario identificado por tres países como miembro del crimen organizado.
Vaya lío para los del partido llamado esquirol, pues, a unos días de las elecciones, parece que su jugo de naranja les quedará un poco podrido.
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