Martín Aguilar
Una mujer otomí originaria del municipio de Temoaya, quien fue encarcelada por feminicidio en grado de tentativa y secuestro contra la actual pareja del padre de sus hijos, recibió el beneficio de la libertad condicional, luego de la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
María Guadalupe González Martínez obtuvo su libertad y fue reintegrada a su hogar, tras haber sido enviada a prisión desde el pasado 4 de julio de 2022. La familia de la mujer indígena solicitó la intervención de la gobernadora durante la segunda sesión itinerante de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Ante esto la Consejería Jurídica conoció del tema e instruyó revisar el expediente para impulsar una justicia humanista, por lo que González Martínez dejo el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez.
La mujer, perteneciente a la etnia otomí, obtuvo su libertad debido a los argumentos expuestos por su abogado del Instituto de la Defensoría Pública, dependiente de la Consejería Jurídica, quien solicitó la revisión de medida cautelar, la cual fue modificada por la colocación de localizador electrónico, conocido como brazalete.
María Guadalupe fue acusada de los mencionados delitos, luego de que ella solicitara el pago de la pensión alimentaria para sus descendientes. Ahora, la mujer originaria del Llano de Y, en Temoaya, podrá llevar su procedimiento en libertad por el delito de secuestro en agravio de persona de identidad reservada.
Este acto contribuye a la aplicación del Proyecto Prioritario "Garantizar la revisión gratuita y exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de su libertad", contenido en el eje transversal 2: Construcción de la Paz y la Seguridad, del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.
El gobierno del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica, fortalece una justicia práctica, pronta y expedita de los pueblos originarios de la entidad y reafirma su vocación de garantizar su dignidad y la protección de sus Derechos Humanos.
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