Rebeca Marín
El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier acusó a Clara Brugada, candidata de Morena a jefa de Gobierno de la Ciudad de México de supuestamente tener más de 2.6 millones de dólares en paraísos fiscales.
Durante la actual campaña electoral, Castagné ha señalado presunta corrupción y enriquecimiento ilícito entorno a Rocío Nahle, candidata de Sigamos Haciendo Historia por la gubernatura de Veracruz.
La noche de este domingo, publicó en sus redes sociales documentos en donde acusa a la exalcaldesa de Iztapalapa de tener recursos en paraísos fiscales, asesorada por despachos internacionales.
"Clara Brugada se asesoró del despacho de abogados Trident Law Corporation (con sede principal en Singapur), para abrir cuentas bancarias y de inversión en Seychelles, una isla ubicada en África del Sur, considerada por los Estados Unidos y Europa como un paraíso fiscal", indicó.
Señaló que el banco donde Brugada manejaría sus intereses financieros es el Seychelles Commercial Bank.
"El abogado que asesoró a la hoy candidata fue R. Thrumurgan, aparece como beneficiario de las cuentas de inversión, según la página web de la firma de abogados, es director ejecutivo", indicó el empresario.
De acuerdo con los documentos publicados, en la cuenta de inversión para el mes de mayo de 2024, la morenista contaría con un balance en su portafolio "por la cantidad de 3,601,130 USD, invertidos en el mercado de commodities y bonos del tesoro".
Mientras en la cuenta bancaria para esa misma fecha, el saldo es de 155,718,61 dólares.
"Entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la cuenta de inversión de la señora Brugada aparecen 12 movimientos que en total suman 1,810,000 USD".
Agregó que las empresas financieras que habrían utilizado para realizar estos movimientos en la cuenta de inversión fueron: Overseas Trade Finance Limited, Market Leverage Limited y Capital Financial Services Limited.
Según su información, dijo Castagné, las cuentas bancarias y de inversión que tiene la candidata están siendo objeto de investigación por autoridades de los Estados Unidos de América, por actividades sospechosas relacionadas con posible lavado de activos.
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