Rebeca Marín
Los nuevos datos de pobreza laboral difundidos por Coneval confirman que la raíz de la pobreza es laboral: 36% de la población, 46.4 millones de personas, carecen de ingreso laboral suficiente para superar la pobreza extrema. Los programas de transferencias monetarias no bastan y excluyen al 61% de los hogares de menor ingreso propuestas desde la sociedad civil para ir a la raíz de la pobreza.
De acuerdo a la organización de la sociedad civil, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la reducción de 39.6% a 35.8% entre 2019 y 2024 es un avance, pero de ninguna manera permite echar las campanas a vuelo.
Todavía más de la tercera parte de la población no gana lo suficiente para comer. Su ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria; es decir, no superan el umbral de la pobreza extrema.
La reducción entre 2019 y 2024 son 3.8 puntos porcentuales en 5 años, esto es 0.75 puntos por año en promedio. De continuar esta tendencia al mismo ritmo, se requieren 47 años para erradicar la pobreza laboral, para que ya no haya personas que ganen menos del costo de la canasta alimentaria para su familia.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que ha insistido en que la raíz de la pobreza es estructural y para afrontarla se requieren acciones y estrategias distintas a las que se han implementado sexenio tras sexenio; pues está documentado que los programas de transferencias monetarias son un paliativo, no la solución.
Ningún programa social o de transferencias puede sustituir al trabajo en condiciones dignas como vía para la superación de la pobreza. Y eso requiere concertación y diálogo social.
No se puede lograr por decreto. Hasta ahora el incremento al salario mínimo general no cubre lo necesario para que una persona pueda sostener a su familia por encima de la línea de pobreza.
Se ha postergado su recuperación en todo el país, salvo en la frontera norte, donde hace ya 2 años alcanzó el nivel suficiente.
También se han postergado las acciones que permitan la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo formal en condiciones dignas, al no aprobar la creación del sistema de cuidados para facilitar la incorporación laboral de mujeres y al priorizar las transferencias monetarias en lugar de una real capacitación y formación para el trabajo para jóvenes.
Y es que las transferencias monetarias no pueden sustituir a los servicios de educación, cuidado, salud o capacitación para el trabajo.
En todo caso son complementarias y funcionan siempre y cuando lleguen a quienes más lo requieren.
Actualmente sólo 39% de los hogares más pobres recibe algún programa de transferencias gubernamentales; es decir, 6 de cada 10 hogares de menor ingreso están excluidos (61%).
Además de que hay evidencia empírica y denuncias sobre su sesgo de selección, sobre el uso clientelar y electoral practicado por los operadores políticos con la estructura de los "servidores de la nación".
En realidad, no hay programas de cobertura universal, salvo las pensiones para personas adultas mayores.
El resto de los programas están focalizados, sólo que la selección no se hizo con criterios objetivos y transparentes.
La participación de jóvenes en el empleo formal tampoco ha aumentado. En 2019 había 6.6 millones con puestos de trabajo registrados en el IMSS y en 2024 son un poco menos: 6.4 millones.
El empleo formal no ha aumentado para jóvenes pese a las transferencias de Jóvenes Construyendo el Futuro, que reporta haber apoyado a más de 2.8 millones estos 5 años.
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