Martín Aguilar
Pese a que el protocolo Alba, su objetivo es llevar a cabo la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad.
Durante la trasmisión del programa, Del Pasado al Futuro, conducido por Rosalía Buaun y Tony Mancuso, acompañados por el Director de la Revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, Lino Calderón, con la Dra. Ruth Villanueva, tuvieron de invitados a la Dra. Luz Margarita González López, especialista en el Protocolo Alba, el Lic. Armando Rafael Medero Marín y la abogada Diana Cristal.
González López señaló que la desaparición de mujeres y niñas es un asunto que requiere la atención inmediata y contundente de las autoridades competentes, especialmente porque las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con vida a las personas y proteger su integridad física y psicológica.
Además, la estandarización de los protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres es fundamental en un contexto como el que se vive en México, en el que prevalece la discriminación y violencia por razones de género.
Resaltó que esto, ha permitido eliminar de manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho o de hecho que impida la efectividad de la acción, incluyendo las concepciones estereotipadas sobre la desaparición de las mujeres, que pudieran minimizar los hechos constitutivos de un delito.
Para dar respuesta a esta problemática, y en cumplimiento a la sentencia conocida como "Campo Algodonero" (Caso González y otras VS México) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 se modificó el Protocolo Alba, el cual comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003, explicó.
La doctora agregó que el objetivo de este mecanismo reactivo es realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.
Y para su correcta implementación, el Protocolo Alba contempla la articulación de un Comité Técnico de Colaboración institucional, mismo que permite desplegar acciones coordinadas por las Fiscalías y/o Procuradurías o las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.
González López dijo que el Comité Técnico facilita y favorece la articulación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para, de manera coordinada, fortalecer las acciones en materia de búsqueda de mujeres de cualquier edad.
A más de 15 años de funcionamiento, el Protocolo Alba de Ciudad Juárez ha alcanzado una efectividad del 98% en cuanto a la localización de mujeres en aquel municipio, de ahí la importancia de su implementación a nivel nacional.
Por su parte, Rafael Medero Marín denunció que por medio del tráfico de influencias, su ex mujer –funcionaria de la Secretaría de la Contraloría General– ha evitado sanciones por la querella que interpuso tras golpear a su hijo de 8 años, mientras a él le fabricaron dos carpetas de investigación por violencia intrafamiliar y retención de menores.
Señala que los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo titular es Miguel Ángel Barrera, han obedecido a sus intereses a fin de desechar cualquier prueba que aporte en su contra.
Medero agregó que su puesto en la administración pública y el apoyo de un senador –cuyo nombre se reservó–, ha servido para que su domicilio sea cateado y él sea víctima de abuso de autoridad y de detenciones arbitrarias, pese a contar con la protección de la justicia federal.
El 9 de mayo, Medero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero se determinó su inmediata libertad cuando su representante legal, Diana Cristal González Obregón, presentó el amparo con el que cuenta.
Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), acompañado por su abogada y peritos en sicología, trabajo social, maltrato emocional, criminalística y medicina forense, lamentó que su ex pareja se valga de su puesto en la Secretaría de la Contraloría, lo que ha impedido que mi hijo y yo accedamos a la justicia.
La declaración de un niño de 8 años, quien dijo que quería vivir con su padre porque él sí lo cuida, fue invisibilizada e ignorada por la fiscalía de menores, sin considerar que tiene una enfermedad en el riñón, requiere atención médica y hoy se desconoce su paradero.
El juzgado decimoséptimo de lo familiar y la Unidad de Gestión Administrativa 13 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le han impedido hablar con él o tener cualquier contacto.
Con la presentación de 10 documentales periciales que demuestran la falta de verdad por la madre de su hijo, aseguró, se ha defendido de las denuncias en su contra, que siguen abiertas porque la autoridad sólo le da atención por su puesto en el gobierno y su género, por lo que solicitó a la FGJ su urgente intervención.
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