Martín Aguilar
De un lado las sonrisas forzadas, los mentones rígidos, las miradas fijas en el horizonte o hacia algún punto indefinido. Del otro lado los semblantes altivos, las porras fuera del guión, el triunfalismo adelantado. La tensión se respira en un salón atiborrado. Las ausencias. Los discursos son punzantes, definitorios en el inicio del debate sobre el futuro del Poder Judicial.
El llamado "Plan C" del presidente Andrés Manuel López Obrador está en marcha. Y lo está en el sitio donde tuvo uno de sus primeros grandes encontronazos con la justicia, en la Cámara de Diputados, donde en 2005 acudió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal a enfrentar un proceso de desafuero.
Las y los ministros se fracturan en dos bloques bien definidos en el Congreso de la Unión, en el arranque de los "Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, ante la mirada atónita, a veces divertida y en ocasiones llena de asombro de legisladores y juzgadores.
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, cancela de último momento cuando horas antes había confirmado su asistencia. Esas señales también se sopesan en las horas definitorias del sistema judicial mexicano, quizá no vistas desde hace 30 años, la de 1994, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando una reforma constitucional redujo la integración de la Suprema Corte de 26 a 11 ministros.
Todos los focos están sobre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, la que se ha echado encima la defensa del Poder Judicial en el permanente conflicto con el Poder Ejecutivo, con el presidente de la República, la que ha alertado sobre los riesgos de aprobar una reforma judicial como la plantea el primer mandatario.
La ministra presidenta que le puso freno a distintas reformas prioritarias de López Obrador que, al final, derivaron en el anuncio del presidente de que habría un "Plan C" para sacar adelante sus proyectos de ley, entre ellos la elección de los ministros de la Corte, a través del voto de la ciudadanía, si Morena y sus aliados obtenían mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Ese amago presidencial se precipitó tras los comicios del 2 de junio y hoy, aquí, inicia ese camino, en el recinto legislativo de San Lázaro, a espaldas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a diez calles de la sede de la SCJN, caminando por la calle Corregidora.
La ministra presidenta anota en su libreta. De vez en vez frunce el ceño. Se remueve continuamente en la silla de piel cuando legisladores y ministros se pronuncian a favor del "Plan C". A su lado derecho dos sillas vacías. Una de ellas correspondía a Gertz Manero. Norma Lucía Piña Hernández se mantiene tranquila ante la protesta de la diputada trans de Morena, María Clemente, quien se para a sus espaldas, rompe papeles y reclama a gritos que jueces hayan liberado a asesinos de mujeres trans. La ministra presidenta le cede la palabra a Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal y uno de los incondicionales del presidente López Obrador.
"La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Seamos críticos del sistema de justicia, pero centremos está crítica en las necesidades de las víctimas, pero critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado", señaló.
Una mesa circular donde todos se ven las caras. Un salón de protocolos adornado con las imágenes de José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, los artífices de la Constitución de Apatzingán de 1814, durante la Guerra de Independencia; de la Constitución de 1857, la que detonó la Guerra de Reforma, y la Constitución de 1917, redactada y promulgada en medio de la Revolución Mexicana. Un espacio donde se observa con nerviosismo, a veces con desconfianza.
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