Rebeca Marín
Los habitantes del Suelo de Conservación, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para ofrecer apoyo, asesoramiento y acompañamiento a campesinos, productores agrícolas y sujetos agrarios en la prevención y denuncia de delitos, con un enfoque especial en la violencia de género, el fraude, la invasión y despojo de tierras.
En ese marco, la directora general de CORENADR, Columba López Gutiérrez, recordó cómo, al iniciar la administración, la Ciudad de México enfrentaba altos niveles de violencia que también afectaban a las zonas de conservación.
"Cuando llegamos, la Ciudad de México tenía mucha violencia y el suelo de conservación pues no quedaba fuera de esto, no estaba alejado de ella", citó. Además, señaló que el despojo de tierras y el fraude han sido particularmente perjudiciales para mujeres y personas de la tercera edad, quienes a menudo no saben cómo defenderse o a dónde acudir.
Ahí, la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional ha sido fundamental, pero López Gutiérrez enfatizó la necesidad de un apoyo adicional que guíe a los afectados en el proceso de denuncia y búsqueda de justicia.
"Mediante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y la estrategia de seguridad implementada por Omar García Harfuch, la seguridad mejoró, con la presencia constante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, de eso no tenemos duda. Pero las personas necesitan un apoyo que los guíe de cómo llevar esos problemas y denunciar", afirmó.
La firma del convenio incluyó la apertura de una oficina de atención en la CORENADR que permitirá que los productores rurales, ejidatarios y comuneros tengan acceso a un equipo de psicólogos y abogados que brindarán apoyo inmediato, orientación legal y contención emocional, además de acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia y recuperación por parte de este Consejo Ciudadano.
También podrán acceder a estos servicios a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533-5533) o la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 5533-000).
En su participación, el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, resaltó la importancia de este convenio en la lucha contra diversos delitos que afectan a los productores rurales. "Este convenio se dirige a atender estos delitos de los que hemos hablado. Nuestra atención no se detiene simplemente en decirles qué se puede o debe hacer por teléfono. Podemos ir con ustedes al Ministerio Público y si falla algo, apoyarlos", aseguró.
El convenio permitirá que los productores rurales, ejidatarios y comuneros tengan acceso a un equipo de psicólogos y abogados que brindarán apoyo inmediato, orientación legal y contención emocional, además de acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia y recuperación. "Con este convenio estamos extendiendo nuestra experiencia y compromiso social en esta región y así podemos compartir esta información que yo llevaré al gabinete de seguridad cotidianamente", puntualizó.
Guerrero Chiprés destacó la creación de comisiones ciudadanas para vigilar la corrupción en la policía, el Ministerio Público y los jueces, así como el abuso contra las mujeres, una iniciativa respaldada por Claudia Sheinbaum.
"Estamos en contra del despojo que se comete en contra de las familias, sean estas integradas, como ocurre en estas alcaldías, 40% dirigidas solamente por mujeres. Así que por eso el despojo tiene una dimensión de género", explicó.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México es una organización civil sin fines de lucro que actúa como un puente entre la ciudadanía, el sector empresarial y las autoridades. Fundado en 2007, su misión es contribuir a la recuperación de la seguridad y la promoción de la justicia en la capital y sus alrededores. Ofrece atención jurídica y psicológica gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y promueve la cultura cívica y la prevención del delito. Además, fomenta la denuncia como herramienta clave en la lucha contra la impunidad
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