CJNG y el Cártel de Sinaloa emplean tácticas brutales contra la población por el control de Chiapas.

Cdmx, agosto 28 de 2024.

Pedro Moreno 

* La brutalidad de estos cárteles del crimen organizado ha incrementado considerablemente el desplazamiento forzado de los pobladores.

De acuerdo con una investigación publicada por la Fundacion "InSight Crime", dedicada al estudio del crimen organizado y la seguridad ciudadana en América, se dio a conocer que en el Estado de Chiapas, cárteles del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, han comenzado a emplear tácticas cada vez más brutales para consolidar su poder por el control territorial, utilizando a la población civil como un recurso estratégico en su guerra contra facciones antagónicas y las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta situación que se complica cada vez más ha creado un ambiente de terror en diversas comunidades, como en Chicomuselo o Pantelhó, donde los ciudadanos se encuentran atrapados entre el fuego cruzado y las demandas de los criminales, que van desde la colaboración forzada hasta el uso de los civiles como escudos humanos.

El uso de la población civil como escudo y mano de obra forzada se ha convertido en una táctica habitual de los grupos criminales que operan en Chiapas.

Según un defensor de derechos humanos entrevistado por "InSight Crime", que por obvias razones habló bajo el anonimato, los grupos armados han comenzado a obligar a los habitantes a participar en bloqueos de carreteras, con el fin de impedir el avance de fuerzas rivales y de las autoridades: "La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar", señaló el activista.

Así mismo, indicó que en varios Municipios, los grupos criminales han acorralado a los pobladores, negándoles la posibilidad de escapar del conflicto; además, aquellos ciudadanos que intentan huir para evitar el reclutamiento forzado,  son amenazados de muerte.

Como aquel caso particularmente grave que ocurrió en el pasado mes de mayo en la localidad de Nuevo Morelia, Municipio de Chicomuselo, donde hombres armados asesinaron a 11 personas, incluyendo a dos líderes religiosos. 

Trascendió que en aquella ocasión, las víctimas se habían pronunciado a favor de la paz y rechazaron apoyar a los criminales en conflicto, por cuyas acciones se convirtieron en objetivos directos de la violencia.

El estudio de "InSight Crime" señala que independientemente del reclutamiento forzado, los grupos criminales han extendido su control sobre la población civil captando a trabajadores especializados, como electricistas, plomeros y otros obreros, para que los apoyen en sus operaciones cotidianas.

Igualmente, un informe elaborado por un grupo de Organizaciones de Derechos Humanos y que fue publicado en febrero de 2024 revela cómo el crimen organizado ha forzado a miles de civiles a participar en actos de violencia, mientras que otros son obligados a brindar servicios esenciales para mantener las actividades delictivas en marcha.

De la misma manera, la violencia y la coerción ejercidas por los criminales, han resultado en un dramático aumento en el número de personas desplazadas y desaparecidas en la región.

De acuerdo con "InSight Crime", entre enero y julio de 2024, 12 mil 771 personas fueron desplazadas en Chiapas, lo que representa un aumento significativo en comparación con las 4 mil 562 víctimas registradas en todo el año 2023, cuya situación refleja el grado extremo de violencia y el terror que los grupos criminales han impuesto entre la población.

El estudio de dicha fundación detalla que el conflicto armado en Chiapas ha sido alimentado por la lucha entre dos de los carteles más poderosos de México: el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, así como el Cártel de Sinaloa, que actualmente está dividido en varias facciones, siendo la más fuerte la de Los Chapitos, comandada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Además, indica que desde 2021, la incursión del CJNG en municipios fronterizos de Chipas, que anteriormente eran bastiones del Cártel de Sinaloa, ha desatado una nueva ola de violencia, cuya guerra territorial ha involucrado a otras redes criminales, intensificando el conflicto con los grupos armados locales que ya operaban en la región.

Por su parte, los habitantes de Chiapas, especialmente en las áreas más afectadas, desconfían de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido incapaces de frenar la violencia.

No obstante el despliegue de 200 soldados durante este mes de agosto, la medida ha tenido un impacto mínimo en la reducción de la violencia y algunos Municipios han optado por crear grupos de autodefensa en un intento desesperado por protegerse de las organizaciones criminales.

Cabe mencionar que esta desconfianza hacia las autoridades tiene raíces históricas en Chiapas, donde la población indígena ha sido tradicionalmente víctima de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Por ejemplo, en la década de 1990, el Gobierno Mexicano utilizó al Ejército y a grupos paramilitares para reprimir el levantamiento zapatista, un conflicto cuyo legado sigue vivo en la región.

Finalmente, el referido defensor de derechos humanos entrevistado por InSight Crime calificó a las fuerzas de seguridad del Estado como "cómplices" del terror que se vive en algunas comunidades, lo que ha silenciado a la población y ha impedido que se denuncien los delitos y la violencia.