Diputados locales denuncian que la extorsión es imparable a negocios en la CDMX

Rebeca Marín

Diputados de oposición y oficialistas del Congreso de la Ciudad de México cuestionaron a Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, sobre la extorsión creciente en la CDMX. Incluso el panista Enrique Sánchez Flores dijo que este aumento muestra la incapacidad del gobierno para combatirla.

 

Al inicio, Silvia Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista Incluyente, manifestó su preocupación por la fabricación de delitos a cargo de elementos policiacos para justificar la extorsión mediante el abuso de poder del cargo ostentado, lo cual, afirmó, es una clara muestra de corrupción.

 

Lo anterior ocurrió durante la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana ante el Congreso de la Ciudad de México, como parte del último Informe de Gobierno, donde los legisladores reconocieron los buenos resultados en el combate a la inseguridad, pero las denuncias por tema del cobro de derecho de piso y otras formas para sacar dinero estuvieron presentes durante la reunión.

 

Al respecto, el compareciente contestó a los legisladores que el delito de extorsión en la CDMX tuvo una disminución de más del 40 por ciento y que una prioridad de la corporación a su cargo y del gobierno en general es combatirla en todas sus modalidades, por eso desde el inicio de la gestión actual la policía remitió ante el Ministerio Público a más de 550 personas y que en los casos de amenazas telefónicas dio más de cuatro mil asesorías y las detenciones sumaron 560 presuntos responsables de esa conducta.

 

El fortalecimiento de los resultados de la unidad especializada para la atención a casos de secuestro y extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió llevar a cabo 96 acciones operativas, y capturar a más de 160 presuntos responsables del cobro de derecho de piso.

 

Finalmente, Vázquez Camacho adelantó el reforzamiento de esa área con más personal y capacidades, porque es un delito sentido por la gente y su disminución es una forma de que la corporación contribuya al desarrollo económico de la ciudad y el bienestar de la población.