A la baja los delitos en el territorio mexiquense, porque se registra la disminución en los de alto impacto, en los feminicidios y secuestros, así como delitos dolosos, el robo en el transporte público, a casa habitación y al transporte de carga.
Así se consigna en un comunicado emitido, por el Gobierno del Estado de México, basado en las cifras que expuso en su Primer Informe la mandataria Delfina Gómez Alvarez (Morena), el pasado martes 17 de septiembre.
Se reitera que para la administración de la primera mujer gobernadora del Estado de México, la seguridad es una prioridad, por lo que se ha implementado y se ejecutan acciones para abatir la inseguridad.
Así como en víctimas de homicidio doloso se registra una reducción del 11 por ciento, como también han bajado los robos en el transporte público, en el transporte de carga y a casas habitación.
En el comunicado se informa que en los últimos 365 días se realizaron 254 Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz integradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos.
Las estrategias implementadas permitieron la reducción de los delitos y se cita el decremento del 16 por ciento en el robo a transporte público con violencia, 13 por ciento en el robo a casa habitación con violencia y casi 11 por ciento en el robo a transporte de carga con violencia; de igual manera el delito de extorsión registró una disminución significativa después de cinco años de constante incremento.
La primera gobernadora en la entidad es una aliada de las mujeres, por ello el combate a los delitos de género es una prioridad, en lo que va de su administración se implementó el Operativo Violeta, en paraderos, unidades de transporte y espacios públicos de ocho municipios, focalizando los patrullajes y la presencia policial en las colonias y espacios públicos con mayor incidencia de delitos de género.
Para la contención de ilícitos se implementaron Macro Operativos en Toluca, Cuautitlán y Nezahualcóyotl, que han dado como resultado la desarticulación de grupos delictivos y la neutralización de personas identificadas como generadoras de violencia, despliegues conjuntos con la Sedena, Semar, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía estatal, la Comisión de Derechos Humanos y las policías municipales.
A estas acciones se suma el Operativo 100 días que se ha desarrollado en Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, Teoloyucan, Tultitlán y Zumpango, lo que permitió la detención de más de 32 mil posibles implicados en la comisión de un delito.
También se destaca la rehabilitación de la Base de Operaciones en el municipio de Texcaltitlán, cuyo objetivo es recuperar la paz social en la zona.
La administración de la mandataria Gómez Álvarez realizó una inversión de 476 millones de pesos para el fortalecimiento de los cuerpos policiales, en las sedes de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec.
Por otro lado, el Centro de Control de Confianza del Estado de México aplicó más de 14 mil evaluaciones integrales, para garantizar el profesionalismo y la honestidad de los elementos de seguridad, esto derivó en la separación de 61 elementos por incumplir con los requisitos de permanencia.
Respecto al rubro de inteligencia e investigación, la Policía Cibernética investigó 13 mil 800 incidentes por diversos delitos; en tanto, el C5 dio seguimiento a 7 mil incidentes en tiempo real, por medio del sistema de videovigilancia y se atendieron 58 mil casos captados, a través de los botones de auxilio.
Para atender las causas del delito, desde el sistema educativo se instalaron 13 mil 300 Comités de "Mi Escuela Segura" para prevenir y detectar la violencia, el acoso escolar, el consumo de alcohol y de drogas, así como otras conductas antisociales; también se realizaron cerca de 172 mil operativos de vigilancia y recorridos de seguridad en 23 mil planteles de educación básica, media superior y superior.
Y el programa Vigilante Voluntario (Vi-Vo), que tiene como objetivo proporcionar un espacio a los ciudadanos en la labor de vigilancia pasiva, sin intervención directa por medio de grupos organizados, que se vinculan con los servidores públicos responsables de la seguridad, se cuenta con 560 integrantes y se han realizado 2 mil 88 reuniones de intercambio de información, para conocer las problemáticas de su comunidad, además se desarrollaron 203 acciones de apoyo social en beneficio de los habitantes.
Adicionalmente, en los municipios de Jiquipilco, Lerma, Otzolotepec y Temoaya se efectuaron cuatro ferias de prevención social del delito y la delincuencia, además se impartieron 251 conferencias, pláticas y talleres con temas referentes a la prevención del delito, violencia de género y denuncias, entre otros.
Se ejecutaron 12 mil 537 dispositivos de seguridad en las regiones de Tlalnepantla, Nicolás Romero, Ixtlahuaca, Naucalpan y Lerma. En estas regiones también se ejecutaron despliegues operativos para reforzar la seguridad, 2 mil 685 dispositivos de seguridad interinstitucional, 148 mil 420 en puntos fijos de alta vulnerabilidad, 46 mil 262 en zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, 34 mil 475 para prevenir y disuadir la comisión de ilícitos, así como 36 mil de vigilancia tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal.
Así como 946 Operativos Rastrillo en lugares con alta concentración de personas y zonas habitacionales con mayor índice delictivo, 20 mil 231 dispositivos de seguridad para prevenir y combatir el robo de vehículos, transporte público y de carga, 25 mil 738 dispositivos de seguridad en forma conjunta con corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Para atender la tala clandestina, se trabaja con la Sedena para combatir este ilícito, pero también como en este y otros delitos la denuncia ciudadana es pieza clave para dar con los probables responsables.
Y en el comunicado se consigna que, como parte de las labores que se llevan a cabo para garantizar una adecuada reinserción social, se incorporaron 30 mil Personas Privadas de la Libertad (PPL) a servicios de trabajo y se integraron 16 mil 500 al sistema educativo. Además de promover actividades deportivas y culturales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario