Austeridad, Asistencialismo y Justicia Distributiva
Luis G. Sánchezcaballero Rigalt
El pasado viernes 15 de noviembre se presentó el presupuesto de egresos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con los nada novedosos argumentos de que marca el inicio de un nuevo gobierno, que al igual que el anterior, tiene una visión compartida de crecimiento económico con justicia social, donde el Estado juega un papel activo como promotor del bienestar colectivo.
«Entregamos estos documentos en un contexto económico positivo. A nivel internacional, el problema inflacionario que ha afectado a los últimos años muestra signos de mejora y el crecimiento económico global se mantiene sólido. En nuestro país la actividad económica sigue demostrando fortalezas. Estimamos que el crecimiento de este año superará las expectativas actuales y servirá como base sólida para el crecimiento de 2025».
Sin duda, el Estado se allega de recursos principalmente de los impuestos lo que permite el desarrollo de políticas públicas y programas sociales obras de infraestructura y pago de deudas.
Pero observamos un presupuesto asistencialista que se esconde en el no aumento de contribuciones pero que seguirá afectando a las clases medias que somos los que más impuestos indirectos pagamos, pero todo sea por mantener los cimientos del cuestionado segundo piso de la transformación.
Este gobierno a través del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara ya amagó que «es nuestra filosofía, la progresividad fiscal, y vamos a llegar a ella con justicia, con igualdad y con equidad».
Pero desafortunadamente hemos visto en estos 2 meses que dichos conceptos van dirigidos a sólo 36 millones de mexicanos y mexicanas.
No vemos una visión progresista que plantee una justician distributiva real esa que se ocupa específicamente de la correcta distribución de los bienes y las cargas en una sociedad determinada. Es decir, al modo en que una sociedad reparte los beneficios, los deberes y las oportunidades, de cara a la actividad económica.
Se observa en cambio dispendió, utilización de recursos públicos cómo helicópteros –que en otras épocas hubieran costado la pérdida del encargo- obras monumentales que no funcionan y un descarado gasto en apoyos sociales.
Sobre esto último vale la pena decir que el asistencialismo no deja de ser un paliativo que acarrea más problemas que soluciones, por ejemplo, a medida que los incentivos a recibir dádivas crecen, los demandantes y paralelamente los estímulos a trabajar, así como valerse por sus propios medios desaparecen, profundizando la crisis de los más vulnerables y el clientelismo que este sistema estimula.
En su origen los asistentes sociales fueron individuos que con su accionar cooperativo ayudaban a las personas a reinventarse, valerse nuevamente por sus medios, a recomponer la confianza en sí mismo y volver a ser productivos lo antes posible. En la actualidad esa tarea mutó a un esquema de reclusión de nuevos postulantes y a la proclama permanente por sus derechos.
Por otra parte, se siguen en -los que los desaparecen- ahorcando a las dependencias y organismos autónomos a quienes como el INE se usan para servir al régimen, pero cuando piden recursos para pagar ocurrencias como elegir jueces y magistrados se les hace caro.
Al respecto, de acuerdo con información obtenida en una cuenta de X, esto valdría cada cargo a elegir, 881 plazas que se concursan en 20255 ministras y 4 ministros de la SCJN. 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del TEPJF. 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF. 464 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación. 386 juezas y jueces de Distrito. De un total de 1700 plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
850 van a la elección en 2025. Declinan en total 820. 613 declinan para 2025 (347 magistrados y 266 jueces) y 207 para 2027 (140 magistrados y 67 jueces). Participan en 2025 un total de 33 juzgadores (15 magistrados y 18 jueces) Costo total de la elección $13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos. Elegir cada cargo costara $15 millones 535 mil 463 pesos.
Lo que confirma que la austeridad es una bonita anécdota, por ejemplo, el INAI que desaparecerá la próxima semana costó este año mil 168 millones de pesos, lo que representa el 0.01 por ciento del gasto total del gobierno, pero se extingue por caro.
Por otro lado, 15 millones representan alrededor de tres meses para mantener al Palacio Nacional como vivienda, entre servicios y personal de confianza.
Sin duda, cualquier examen que se haga de este primer ejercicio presupuestal tiene que tomar como punto de partida la situación económica social existente Un somero diagnóstico con base en los hechos más importantes es indispensable.
Todos los analistas han hecho referencia a la situación heredada en lo económico, fiscal y social, en parte para poner de relieve las limitaciones o restricciones del que se inicia y en parte para contrastar la propia gestión. Hay que lamentar la hipoteca dejada por su antecesor, y del artificioso sobredimensionamiento de la economía que sigue respondiendo a otros datos a pesar de las calificadoras.
Luis G. Sánchezcaballero Rigalt
«No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea».
Séneca
El pasado viernes 15 de noviembre se presentó el presupuesto de egresos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con los nada novedosos argumentos de que marca el inicio de un nuevo gobierno, que al igual que el anterior, tiene una visión compartida de crecimiento económico con justicia social, donde el Estado juega un papel activo como promotor del bienestar colectivo.
«Entregamos estos documentos en un contexto económico positivo. A nivel internacional, el problema inflacionario que ha afectado a los últimos años muestra signos de mejora y el crecimiento económico global se mantiene sólido. En nuestro país la actividad económica sigue demostrando fortalezas. Estimamos que el crecimiento de este año superará las expectativas actuales y servirá como base sólida para el crecimiento de 2025».
Sin duda, el Estado se allega de recursos principalmente de los impuestos lo que permite el desarrollo de políticas públicas y programas sociales obras de infraestructura y pago de deudas.
Pero observamos un presupuesto asistencialista que se esconde en el no aumento de contribuciones pero que seguirá afectando a las clases medias que somos los que más impuestos indirectos pagamos, pero todo sea por mantener los cimientos del cuestionado segundo piso de la transformación.
Este gobierno a través del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara ya amagó que «es nuestra filosofía, la progresividad fiscal, y vamos a llegar a ella con justicia, con igualdad y con equidad».
Pero desafortunadamente hemos visto en estos 2 meses que dichos conceptos van dirigidos a sólo 36 millones de mexicanos y mexicanas.
No vemos una visión progresista que plantee una justician distributiva real esa que se ocupa específicamente de la correcta distribución de los bienes y las cargas en una sociedad determinada. Es decir, al modo en que una sociedad reparte los beneficios, los deberes y las oportunidades, de cara a la actividad económica.
Se observa en cambio dispendió, utilización de recursos públicos cómo helicópteros –que en otras épocas hubieran costado la pérdida del encargo- obras monumentales que no funcionan y un descarado gasto en apoyos sociales.
Sobre esto último vale la pena decir que el asistencialismo no deja de ser un paliativo que acarrea más problemas que soluciones, por ejemplo, a medida que los incentivos a recibir dádivas crecen, los demandantes y paralelamente los estímulos a trabajar, así como valerse por sus propios medios desaparecen, profundizando la crisis de los más vulnerables y el clientelismo que este sistema estimula.
En su origen los asistentes sociales fueron individuos que con su accionar cooperativo ayudaban a las personas a reinventarse, valerse nuevamente por sus medios, a recomponer la confianza en sí mismo y volver a ser productivos lo antes posible. En la actualidad esa tarea mutó a un esquema de reclusión de nuevos postulantes y a la proclama permanente por sus derechos.
Por otra parte, se siguen en -los que los desaparecen- ahorcando a las dependencias y organismos autónomos a quienes como el INE se usan para servir al régimen, pero cuando piden recursos para pagar ocurrencias como elegir jueces y magistrados se les hace caro.
Al respecto, de acuerdo con información obtenida en una cuenta de X, esto valdría cada cargo a elegir, 881 plazas que se concursan en 20255 ministras y 4 ministros de la SCJN. 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del TEPJF. 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF. 464 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación. 386 juezas y jueces de Distrito. De un total de 1700 plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
850 van a la elección en 2025. Declinan en total 820. 613 declinan para 2025 (347 magistrados y 266 jueces) y 207 para 2027 (140 magistrados y 67 jueces). Participan en 2025 un total de 33 juzgadores (15 magistrados y 18 jueces) Costo total de la elección $13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos. Elegir cada cargo costara $15 millones 535 mil 463 pesos.
Lo que confirma que la austeridad es una bonita anécdota, por ejemplo, el INAI que desaparecerá la próxima semana costó este año mil 168 millones de pesos, lo que representa el 0.01 por ciento del gasto total del gobierno, pero se extingue por caro.
Por otro lado, 15 millones representan alrededor de tres meses para mantener al Palacio Nacional como vivienda, entre servicios y personal de confianza.
Sin duda, cualquier examen que se haga de este primer ejercicio presupuestal tiene que tomar como punto de partida la situación económica social existente Un somero diagnóstico con base en los hechos más importantes es indispensable.
Todos los analistas han hecho referencia a la situación heredada en lo económico, fiscal y social, en parte para poner de relieve las limitaciones o restricciones del que se inicia y en parte para contrastar la propia gestión. Hay que lamentar la hipoteca dejada por su antecesor, y del artificioso sobredimensionamiento de la economía que sigue respondiendo a otros datos a pesar de las calificadoras.
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