Martín Aguilar
Vecinos de Xochimilco alzan la voz contra la alcaldesa, Circe Camacho, y su diputada local, Erika Rosales, porque tanto una como la otra tienen señalamientos por corrupción y nepotismo.
Es que la nueva administración de Xochimilco, encabezada por Circe Camacho, contrató a sus familiares y permitió que los concejales del PT y del PVEM beneficien a sus personas cercanas con puestos en la alcaldía.
Entre el personal de estructura que designó la alcaldesa aparecen varias personas con el mismo apellido, como la directora general de Medio Ambiente, Suani Villar Camacho.
Villar Camacho, señalada como familiar de Camacho Bastida, presuntamente cumple con los estudios para ocupar el puesto, aunque en el Registro Nacional de Profesiones (SNP) no aparece una cédula a su nombre.
También son parte de la administración los hermanos Carlo Antonio y José Alejandro Camacho Galindo. El primero inició como concejal del PT en Xochimilco y ascendió a titular de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social; el segundo es subdirector de Verificación y Reglamentos.
Además, Jorge Ángel González Camacho ocupa la subdirección de Comercialización y Fomento Cooperativo.
Comerciantes de Xochimilco han identificado a Gerardo Enrique González, pareja de Circe, en la Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Vía Pública.
Más de 700 extrabajadores de la alcaldía Xochimilco fueron despedidos injustificadamente por Circe Camacho, quien puso, acusan, a familiares, amigos y compañeros de partido en cargos de la administración.
De acuerdo con Maritza Gallardo, vocera de los inconformes, 728 empleados generales y de confianza fueron despedidos desde que Camacho tomó posesión como alcaldesa.
El 28 de noviembre, estos desempleados bloquearon los cruces de Prolongación División del Norte y Avenida Muyuguarda, y Guadalupe I. Ramírez y 16 de septiembre, para exigir su reinstalación y el pago de su salario desde octubre, cuando Circe Camacho asumió la alcaldía.
Circe Camacho también se ha opuesto a la decisión de los habitantes de San Gregorio Atlapulco, que escogieron, a través de consultas, al Comité Propanteón, que estaría a cargo del cementerio comunal. Tras manifestar su rechazo, la alcaldesa solicitó que repitan las elecciones.
Patricia González, quien encabeza el comité, avisó a la población que no están de acuerdo con esas dudas, "ya que los titulares de las fosas votaron por una continuidad y tuvieron conocimiento que la votación se hizo con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDHCDMX) y no transgrediendo la autonomía ni mucho menos nuestra libre determinación".
Además, alertó a la población para que no atiendan al personal de la alcaldía que recaba firmas, debido a que iniciarán una estrategia legal para impedir que el gobierno de Xochimilco se imponga en una decisión popular, "como gobiernos anteriores".
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no protegerá, ni defenderá a la alcaldesa Circe Camacho.
"Todas las personas que somos servidoras públicas estamos sujetas a ley, de ninguna manera vamos a estar defendiendo a nadie", afirmó Brugada, quien aseveró que los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes de la Ciudad de México.
Erika Rosales aspiró a gobernar la alcaldía Xochimilco, pero fue rechazada por la población, debido a que, dijeron, sería la continuación "de una política incendiaria y violenta que ha afectado a los pueblos y barrios de la región desde la llegada de [José Carlos] Acosta al poder".
Las acusaciones contra Rosales incluyen actos de represión, violencia y ataques contra la organización autónoma de los pueblos y barrios, hacia militantes o aliados de Morena.
Finalmente, la candidatura de Rosales a la alcaldía no se concretó, por el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada anticipada. Incluso el Instituto Electoral de la Ciudad de México observó que desde noviembre de 2023 se promocionaba la imagen de la exdirectora de Bienestar e Inclusión de la alcaldía. Durante la designación de candidatos, otros aspirantes de la alcaldía presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por el "dedazo" que impulsaba José Carlos Acosta.
Como directora de Administración de la Alcaldía Xochimilco, Erika Rosales se vio involucrada en investigaciones de las auditorías Superior de la Ciudad de México (ASCM) y Superior de la Federación (ASF) por gastos irregulares en calentadores solares, colectores de agua, la implementación de programas sociales y hasta por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ya que contribuyó en la promoción personalizada durante la reelección de José Carlos Acosta Ruiz.
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