A dos meses de gobierno, se respira crisis por todos lados, al revés y al derecho; por donde se le vea y busque.
El costo económico que puede llevar a un colapso social y económico es por el conjunto de crisis de inseguridad, violencia, extorsiones, corrupción e impunidad.
Todo ello ha provocado una fuga de más de 70 mil millones de dólares, por la desconfianza asociada a la reforma judicial.
Adicionalmente, pesan como espadas de Damocles las amenazas del presidente electo Donald Trump.
Sería devastador para la economía la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas.
Sumado a ello, el Trump amenaza con el cierre de su frontera con México a partir del 20 de enero, fecha en que rendirá protesta.
También anunció que deportará a millones de indocumentados, incluso con todo y familia para que no haya desintegración.
Las disputas entre bandas del crimen organizado están imparables, ante la impotencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, se disputan el país con todo el poderío a su disposición.
Tampoco es casual la deportación del aún poderoso capo Osiel Cárdenas Guillén, quien ya se encuentra en el penal del Altiplano.
¿Acaso será el tercero en discordia? Tiene poder e influencia. Fue el fundador de los Z, iniciándolos como su escolta personal tras desertar del Ejército.
Todo lo anterior, lleva implícitas las denuncias y acusaciones de presuntos vínculos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado.
La desaparición de los órganos autónomos, es la puerta a la opacidad y falta de rendición de cuentas.
Para nada genera confianza que el actual gobierno y su partido pretendan asumirse como un solo poder, eliminando cualquier contrapeso.
También crece como bola de nieve, la crisis que la reforma al Infonavit le permita al gobierno federal disponer más de 2 billones de pesos de aportaciones de trabajadores y patrones.
Sin embargo para 2025, el gobierno debe pagar un billón 388 mil millones de pesos, tan sólo por intereses de la deuda estimada en 17.4 billones de pesos.
Lo que no se dice es que durante el gobierno de López Obrador, la deuda creció en 6.6 billones de pesos, al llegar al 50% del Producto Interno Bruto (PIB), su nivel más alto de los últimos cuatro años.
Así es como se explica que las calificadoras como Moody´s y HR Rating, bajan la nota de México a negativa.
Y el costo de la inseguridad, la violencia y las extorsiones, contribuyen a ese explosivo cóctel.
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