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sábado, 21 de diciembre de 2024

El 15 de enero será fecha importante para definir en que estados habrá elecciones judiciales: INE

Martín Aguilar

El Instituto Nacional Electoral (INE) definió como plazo el 15 de enero de 2025 para que se le notifique en qué estados se llevará a cabo elección judicial local y cuántos cargos de sus poderes judiciales se van a renovar, para poder estar en viabilidad de organizar esos procesos electorales locales.

 

En sesión extraordinaria del Consejo General, fueron aprobadas las fechas límite para que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) puedan coordinarse y tengan la viabilidad material y operativa para realizar las actividades que le corresponden para llevar a cabo las elecciones extraordinarias de los poderes judiciales locales concurrentes con la elección extraordinaria del Poder Judicial federal en el año 2025.

 

El acuerdo aprobado define que el 15 de enero se cumple el plazo para que los institutos electorales locales y el INE sean notificados del número y tipo de cargos del Poder Judicial estatal que serán electos.

 

El 31 de enero será la fecha límite para que los institutos electorales locales y el INE reciban la información sobre la geografía judicial sujeta a renovación.

 

El 15 de febrero, los institutos locales deberán emitir el calendario de actividades respecto de la elección del Poder Judicial en el estado, en el que se consideren actividades como el periodo de campañas, integración de órganos desconcentrados, diseño y producción de material y documentación electoral, cómputos, entre otras.

 

El 28 de febrero será el plazo para que los institutos locales reciban el listado de candidaturas a cargos judiciales locales.

 

El 15 de marzo deberán iniciar la producción de actas y boletas electorales locales.

 

El 18 de mayo será el plazo para que se entregue la totalidad de la producción de la documentación electoral local.

 

El acuerdo establece que, a fin de dotar de certeza sobre los tiempos mínimos necesarios que tanto el INE como los OPLE requieren para la organización de las elecciones concurrentes en donde se elegirán a las personas que integrarán los poderes judiciales estatales, resulta necesario hacer del conocimiento de las autoridades competentes esta determinación.

 

Al exponer el proyecto de acuerdo ante el Consejo General, el consejero Jorge Montaño explicó que, a la fecha, Aguascalientes, Campeche, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala y Tabasco han aprobado y publicado en el Diario Oficial las reformas a sus constituciones locales, pero que, de esas entidades, Campeche no participará de la elección concurrente de 2025, sino que lo hará hasta 2027.

 

En tanto, dijo, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y San Luis Potosí solamente han aprobado sus reformas por sus respectivos congresos locales, pero aún no han sido publicadas en el Diario Oficial.

 

"En estas circunstancias, la definición de plazos de este proyecto de acuerdo no solo armoniza y sienta bases de coordinación, esto entre las autoridades tanto locales y nacionales, sino que, además prioriza la observancia de los principios de seguridad jurídica y certeza ante los poderes públicos", dijo.

El INE consideró que esta definición de fechas es un instrumento de prevención y recomendación para garantizar el buen resultado de la elección.

 

En elecciones concurrentes estatales y federales, el INE debe cumplir con tareas como la capacitación electoral, elaborar y mantener la geografía electoral, conformar y actualizar el padrón electoral y la lista nominal de electores, definir la ubicación de las casillas y la designación de personas funcionarias para las mesas directivas, supervisar las reglas, lineamientos y formatos para difundir los resultados preliminares, encuestas, conteos rápidos y la impresión de materiales, así como controla los ingresos y egresos de las candidaturas.

 

Además, es responsable de la preparación y ejecución de la jornada electoral, de los escrutinios, cómputos y la declaración de validez de los resultados de elecciones y de asegurar la educación cívica.

 

Asimismo, vela por el cumplimiento de la paridad de género y el respeto de los derechos políticos de las mujeres, garantizando así un proceso electoral inclusivo y equitativo. 

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