Rebeca Marín
La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, que agrupa a más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, emitió un pronunciamiento en torno al fallo del Panel para la solución de controversias del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre maíz genéticamente modificado, y lanzó un llamado a la sociedad civil para mantener la defensa de los maíces nativos.
El fallo, indicaron, está diseñado principalmente para proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, en lugar de priorizar los derechos de la población mexicana o la sostenibilidad del medio ambiente.
El panel, integrado por tres expertos en comercio internacional, quienes no son científicos ni especialistas en salud pública o ambiental, no cuenta con legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo.
Y enfatizaron que si se decide acatar la resolución, México no debe modificar su política, sino enfocarse en consolidar un proceso administrativo sólido que evite futuras quejas.
El debate, afirman, hizo evidentes deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental.
Durante casi 30 años, señalaron, los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos se han hecho evidentes. México ya ha recopilado la información científica necesaria que fue presentada en el panel, además de contar con los peritajes pertinentes.
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