Rebeca Marín
A consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México y sin mayores costis se pondrá el próximo lunes, el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política local, en materia de reforma al Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, dictaminaron positivamente la iniciativa respaldada por las bancadas de Morena, PT, PVEM y PRD, así como asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la panista Daniela Gicela Álvarez Camacho, refirió que la propuesta responde a la obligación del Poder Legislativo de aplicar las adecuaciones necesarias para alinear la normatividad local al mandato federal.
Hizo alusión a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre pasado, del decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al poder judicial, que en el segundo párrafo de su artículo VIII transitorio señala que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar adecuaciones a las constituciones locales.
Refirió que en el análisis de la iniciativa se detectaron algunas áreas de oportunidad que fueron atendidas por los cuerpos técnicos involucrados en el proceso de revisión de este instrumento, y fue necesario agregar la palabra "ordinario" al numeral 2 apartado f) del artículo 25 para mayor precisión, respecto al proceso extraordinario al que se refiere la reforma.
También se consideró procedente la modificación al artículo 50 numeral primero para agregar la elección de personas magistradas y juzgadoras a las tareas constitucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Por lo que hace al transitorio II, que se refiere a los porcentajes de totalidad de las personas que participan en el proceso electoral extraordinario al que se refiere la reforma, los diputados de las comisiones valoran que en este artículo se indica que en el proceso se elegirá a la totalidad de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas y personas juzgadoras que se encuentran vacantes, separaciones definitiva, retiros programados, así como las personas magistradas y juzgadoras que se encuentran en funciones y que decidan participar en el proceso extraordinario, precisando que en ningún caso el porcentaje podrá ser menor al 30 por ciento de la totalidad de personas magistradas y juzgadoras y sólo en caso de ser necesario se insacularía a estas personas, para integrar el porcentaje mencionado.
Resultó compatible lo anterior, por el mandato del artículo VIII transitorio del decreto, porque este precepto permite que los congresos locales, en ejercicio de su libertad de su configuración legislativa decidan si la renovación de las personas juzgadoras de sus respectivos poderes judiciales ocurrirá en el 2025 sin obligarlas a realizarlo sobre un porcentaje o cantidad en específico. Sólo están obligados a efectuar esta renovación de la totalidad de cargos concluya cuando tenga lugar la elección federal ordinaria del año 2027.
Para la diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, la reforma transformará al Poder Judicial, haciéndolo más cercano, humano y accesible para todas y todos, "con un sólido compromiso con la justicia", en particular con los sectores vulnerables y con equidad de género, e igualdad de mujeres y hombres en los puestos clave, que serán electos con procesos transparentes, y con una renovación escalonada en los cargos.
A su vez, la diputada de Morena Elizabeth Mateos Hernández expuso que por primera vez la ciudadanía participará activamente en la construcción de un Poder Judicial que atienda las necesidades de las y los mexicanos; específicamente se elegirán 374 jueces y juezas, y 79 magistradas y magistrados, bajo el principio de paridad de género, por estas razones señaló fundamental apoyar el dictamen.
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