La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México externó su beneplácito de que el ISSSTE autorice abortos voluntarios en todas sus clínicas y hospitales a partir del 24 de enero del 2025.
El día de hoy (23 de enero), se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el que se refuerza la obligación del Instituto para garantizar la prestación del servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en sus instalaciones.
Dicho acuerdo contribuye a garantizar la aplicación de un marco de actuación para regular el procedimiento a fin de brindar certeza jurídica y proteger la integridad personal y la autonomía reproductiva de las personas usuarias.
Además, el Acuerdo establece obligaciones para el ISSSTE, entre las que se incluye la obtención del consentimiento informado de las personas usuarias antes de realizar el procedimiento, considerado una llave fundamental para la garantía del derecho a la salud, así como la obligación de llevar un registro actualizado del personal que invoque la objeción de conciencia, asegurando la disponibilidad de personal no objetor para realizar el procedimiento sin demoras indebidas.
Si bien en la actualidad el Instituto presta servicios de interrupción del embarazo en algunas Unidades Médicas del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera que el Acuerdo constituye un paso importante en el contexto de la federalización de los servicios de salud, en el que resulta fundamental que las instituciones fortalezcan sus compromisos respecto a la asistencia a dicho derecho para grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar la universalidad y la reducción de barreras estigmatizantes que garanticen el acceso a los servicios para todas las personas.
Al 2023, el Instituto atiende a 1 de cada 10 personas del país (12.2 millones), de las cuales 55% son mujeres (6.7 millones) por lo que se considera que dicho Acuerdo contribuirá a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Sobre todo, ante la aún vigente penalización de la interrupción del embarazo en 13 entidades del país y la criminalización y estigmas que aún permean en la sociedad.
En un comunicado, expuso que acorde con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, así como con los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto Seguro en México, el texto contribuye a reconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes en el contexto de la salud, tales como la posibilidad de acceder al procedimiento sin discriminación y en condiciones de igualdad.
Recibir atención médica adecuada basada en los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género; ser informadas con claridad y de manera accesible respecto a las valoraciones y procedimientos médicos; recibir orientación preventiva, de control y seguimiento, así como recibir apoyo emocional y psicológico en un entorno seguro; y garantizar la protección de sus datos personales.
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