Martín Aguilar
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) observa en la Estrategia Nacional de Repatriación un avance significativo en la atención integral de las personas, orientado a la protección y garantía de sus derechos, así como a favorecer su inclusión en la sociedad a partir del reconocimiento de su experiencia de vida y el aporte que ello tendrá en la sociedad actual.
Por lo que externó su beneplácito a que las personas mexicanas repatriadas y a sus beneficiarios legales sean integradas al régimen obligatorio del Seguro Social.
El viernes 24 de enero, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de la Ley del Seguro Social, por razones humanitarias y de solidaridad social, a las personas mexicanas que sean repatriadas y a sus beneficiarios legales".
La medida, se suma a otras que conforman la Estrategia Nacional de Repatriación "México te Abraza", dada a conocer por el Gobierno Federal en el contexto de los recientes cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, que podrían derivar en el retorno al país de aproximadamente 6 millones de personas migrantes.
A la par de la atención médica de primer nivel y la referencia a segundo y tercer nivel si fuera necesario, se ha dispuesto la atención temporal en estancias, provisión de alimentos y transporte, regularización de trámites administrativos y de documentos de identidad, referencia a instituciones de certificación profesional y de competencias laborales, pago en una exhibición de un monto para gastos emergentes, entre otras.
De manera particular, identifica que dicha Estrategia es una respuesta adecuada de la Federación para evitar que las localidades asuman de manera desproporcionada las consecuencias de la atención humanitaria requerida, lo que permite que las autoridades locales sumen esfuerzos de acompañamiento, protección e inclusión necesarias para asegurar que las personas repatriadas encuentren en México un lugar propicio para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
La experiencia de la CDHCM, resaltó, ha permitido confirmar la significativa diferencia que tiene la coordinación entre autoridades de diferentes niveles de gobierno y funciones para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas en movilidad, por lo que hace un llamado a las autoridades e instituciones públicas del Estado mexicano en su conjunto a contribuir a partir del ejercicio coordinado de las atribuciones para la protección de esa población.
Ya sea en las localidades de llegada, tránsito o permanencia de las personas. Asimismo, alienta al reconocimiento concreto del trabajo sostenido que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han llevado a cabo para la asistencia de las personas en movilidad.
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