Martín Aguilar
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, destacó que la reforma judicial aprobada en México en septiembre de 2024 no garantiza la independencia del Poder Judicial.
Según Satterthwaite, esta reforma abre la puerta a influencias indebidas, ya sea por parte de las élites políticas y económicas o, en el peor de los casos, del crimen organizado.
Desmantelarla es un golpe a las protecciones de los derechos humanos a las que tienen derecho todos los mexicanos.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la transición de un sistema basado en mérito a la elección popular de jueces, incluidos los de tribunales superiores. Este cambio elimina un modelo en el que los candidatos eran evaluados mediante exámenes rigurosos y procesos anónimos para garantizar imparcialidad. En contraste, el nuevo sistema requiere cartas de recomendación de vecinos o amigos, sin establecer criterios claros sobre la experiencia o competencia necesarias.
Satterthwaite señaló que, aunque el sistema anterior no estaba exento de problemas como la corrupción y la influencia indebida, representaba un avance al incluir a profesionales altamente capacitados en el Poder Judicial.
El poder judicial de México estaba cada vez más integrado por las mentes jurídicas más calificadas del país.
La relatora de la ONU advirtió que las elecciones populares para jueces pueden priorizar la popularidad sobre la imparcialidad y la competencia, lo que contraviene estándares internacionales. En su análisis, enfatizó que el derecho internacional exige que los jueces sean seleccionados por su integridad y capacidades profesionales, utilizando métodos que eviten motivos indebidos.
La falta de transparencia y regulación sobre las campañas electorales para estos cargos es otra preocupación. Sin reglas claras, el proceso se vuelve vulnerable a influencias externas que podrían comprometer la justicia, incluyendo el riesgo del crimen organizado.
Satterthwaite también cuestionó cómo se garantizará la protección del proceso de selección frente al crimen organizado, qué medidas atraerán a juristas experimentados y qué papel desempeñará la sociedad civil en este esquema.
Otras preguntas fundamentales también siguen sin respuesta, ¿Cómo se protegerá el proceso contra la influencia del crimen organizado?
Para la relatora especial, desmantelar la independencia judicial representa un golpe a los derechos humanos en México.
Satterthwaite sugirió adoptar métodos que prioricen el mérito y la excelencia profesional, como se hace en otros países. También abogó por medidas que fortalezcan la transparencia y protejan el sistema judicial de influencias indebidas
La reforma judicial mexicana, según Satterthwaite, es un tema de gran relevancia internacional que merece atención para garantizar la protección de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
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