Coordenadas Políticas/Martín Aguilar/Jueces y magistrados a las órdenes del crimen

Por primera vez en la historia, México celebrará en 2025 elecciones para cargos en el poder judicial federal, un proceso que organizaciones criminales buscarían capturar mediante violencia político-criminal, advierte el think tank México Evalúa.

 

Tras las elecciones de 2024 —las más sangrientas en décadas, con más de 550 víctimas—, el riesgo se extiende ahora a los jueces y magistrados, lo que podría destruir el último dique contra la impunidad.

 

El informe, basado en datos de Data Cívica y diversos análisis de seguridad, revela que Baja California encabeza la lista de entidades con riesgo "muy alto", seguida por Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. Al respecto, México Evalúa dice que urgen protocolos de protección "hiperfocalizados" antes del inicio de campañas el 30 de marzo. O sea, mañana.

 

Las claves del informe son:

 

1. La sombra del crimen organizado sobre la justicia. Las elecciones judiciales son un blanco estratégico: los cárteles buscan controlar a quienes juzgarán sus delitos mediante la imposición de candidatos, financiamiento ilícito, amenazas y ataques directos. Esto producto del antecedente de que el 77.9% de las agresiones políticas de parte de grupos criminales en 2018-2024 fueron contra actores municipales, pero ahora el foco está en los jueces penales estatales.

 

2. Estados en la mira: el mapa del riesgo. Riesgo muy alto: Baja California (disputas violentas por mercados ilícitos y alta vulnerabilidad electoral). Riesgo alto: Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. Riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, CDMX y Tlaxcala. Riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.

 

3. La propuesta urgente de México Evalúa es un plan de seguridad hiperfocalizada: Priorizar regiones con disputas criminales (ej. frontera norte y Pacífico). Poner escoltas para candidatos a jueces penales, blancos prioritarios. Usar fuerzas federales como la Guardia Nacional, no policías locales potencialmente infiltradas. Combatir a la impunidad.

 

La advertencia final de México Evalúa es contundente: si no se actúa ya, el crimen organizado cooptará la justicia. La reforma judicial en curso, lejos de fortalecer el sistema, podría agravar la vulnerabilidad al reconfigurar equilibrios de poder sin blindar a los actores clave. 

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