Martín Aguilar
La Ciudad de México registró 484 despojos de vivienda contra adultos mayores en 2024, siendo las mujeres las principales víctimas con el 70 por ciento de los casos, revelan datos del Instituto para el Envejecimiento Digno.
Los adultos mayores son el sector más afectado por este delito que suele darse cuando personas entran a los inmuebles y les cambian la chapa, por invasiones de organizaciones sociales, sentencias (apócrifas o verdaderas) y por fraudes procesales, de acuerdo con datos de la Fiscalía local y el Consejo Ciudadano.
Amalia López Castellanos, de 74 años, vivió 50 de ellos en un departamento de la colonia San Miguel Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero fue víctima de despojo.
"Hay muchísima corrupción en los juzgados, con una buena cantidad lo despojan, lo sacan de su casa, aunque usted tenga contratos, recibos bien documentados. Donde vivía, no me dejaron sacar mi cocina integral, se quedaron con todas mis plantas y varios muebles", acusó.
De acuerdo con Amalia, el dueño del edificio le comentó a los inquilinos que lo vendería y los consideró para llegar a un convenio y que ellos compraran sus respectivas viviendas.
Sin embargo, el hombre murió en el cruce de Avenida Constituyentes y José Vasconcelos, tras ser arrollado; su familia no respetó los convenios que las inquilinas hicieron con él y después de un juicio las desalojaron.
De acuerdo con la dependencia, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc fueron las alcaldías donde más ocurrió este delito, seguido de Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón.
Para atender este problema, el Instituto local para el Envejecimiento Digno sigue un protocolo para revisar los reportes de despojo y violencia patrimonial.
"A partir del cual se pretende generar una ruta de atención coordinada y efectiva para su atención que, a reserva de los casos enviados por las dependencias, tendrán que corroborarse o descartarse a través del llenado y trámite de los formatos de solicitud correspondientes", indicó la dependencia.
Guadalupe Gutiérrez, titular del Instituto, expuso que en muchas ocasiones son vecinos o familiares los que reportan los casos a través de una línea de atención ciudadana o acuden directamente a las audiencias de Zócalo ciudadano, implementadas en esta administración.
En cuanto nosotros tenemos conocimiento, aplicamos un protocolo de atención y prevención a la violencia, con un cuestionario que aplican nuestras personas profesionales
"Posteriormente, regresan al área donde ocurrió el tema de violencia. Tratamos de entrevistarnos con las personas adultas mayores, a fin de tener su testimonio y hacerles una serie de preguntas enfocadas a saber si existe o no el tema de violencia", señaló en entrevista.
En caso de existir violencia patrimonial, informan a los afectados que están en su derecho de denunciar y, si así lo deciden, los canalizan a la Fiscalía General de Justicia, la cual continúa el proceso.
La funcionaria detalló que muchos de los casos ocurren porque los bienes inmuebles donde habitan los adultos mayores se encuentran en alguna situación irregular. En ese sentido, recomendó aprovechar los programas como las jornadas notariales, donde tramitan la regularización de viviendas o recurrir a la Dirección General para la regularización Territorial, de la Consejería Jurídica local.
Tras la corroboración de los casos, también interviene el mecanismo de Fortalecimiento de Redes de Apoyo y Comunicación Efectiva (FRACE), un servicio que ofrece este Instituto para restituir y consolidar el tejido social más cercano a las víctimas.
En diciembre del año pasado, el Congreso de la CDMX aprobó un punto de acuerdo en el que solicitó al instituto reforzar las medidas de canalización de casos de despojo a la Fiscalía capitalina, así como un informe sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en este tipo de violencia.
El Ined respondió en un oficio con fecha del 17 de febrero de 2025 que su participación en los actos de despojo perpetrados en contra de personas mayores surge a solicitud expresa del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de las órdenes judiciales de sus tribunales, así como a petición de la FGJCDMX, por medio de sus Ministerios Públicos.
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