A tres meses del conflicto en el Sanatorio Trinidad, trabajadores siguen sin pagos ni solución

 Rebeca Marín

 

A tres meses de haber estallado el conflicto laboral en el Sanatorio Trinidad, ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, trabajadores despedidos siguen sin recibir sus pagos completos ni una solución definitiva a sus demandas, a pesar de algunos avances jurídicos.

 

El conflicto comenzó tras denuncias públicas sobre la precarización laboral, la falta de medicamentos, y el abandono de derechos laborales. Varios empleados, algunos con más de 30 años de antigüedad, fueron etiquetados, acosados y finalmente despedidos como represalia por alzar la voz, señalaron los afectados.

 

Además de la incertidumbre laboral, el hospital enfrenta deudas con proveedores, lo que ha afectado su operación básica. Exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados en las conciliaciones laborales y el respeto a su derecho a un trabajo digno y a la libertad sindical.

 

Una de las denuncias más graves ocurrió el 16 de enero de 2025, cuando se reveló que se realizaban cirugías en quirófanos clausurados, por órdenes administrativas. Esta práctica motivó un llamado de la Cofepris, que advirtió del riesgo sanitario y exigió su desalojo para evitar el cierre total del sanatorio.

 

Tras el traslado de pacientes al hospital San Luis, se intensificaron las represalias contra al menos una docena de trabajadores: retrasos en pagos, acoso laboral y verbal, y discriminación.

 

El 25 de marzo, en una reunión de conciliación encabezada por la administradora del hospital, Adriana Beltrán Mallén, varios trabajadores salieron inconformes. Algunas fueron dadas de baja inmediatamente después del encuentro; a otras se les ofrecieron indemnizaciones mínimas o acuerdos injustos. Ante su negativa a firmar, el proceso se suspendió.

 

Entre el 16 de enero y el 25 de marzo, los trabajadores también enfrentaron falta de salario, bonos, vales y prestaciones, además de violencia institucional por denunciar la falta de insumos médicos y negligencias.

 

"Esto no es solo un tema económico", señalaron las trabajadoras, "es una forma de violencia laboral y represión por ejercer nuestros derechos".