Martín Aguilar
El Congreso de la capital del país recibió la orden del Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México de cambiar el uso de suelo del predio de Montes Apalaches 525, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, con lo que la Inmobiliaria Trepi le vuelve a ganar con el mismo amparo al Poder Legislativo local un asunto que tiene que ver con el Bosque de Chapultepec, pero aún falta que resuelva un Tribunal Colegiado e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que es la única que puede destituir a funcionarios.
La directora general de asuntos jurídicos del órgano deliberativo, Karen Maribel Lindner Días, informó de lo anterior mediante un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, Martha Soledad Ávila Ventura, mientras que los congresistas tienen un plazo de diez días para cumplir la orden, sin embargo, de manera formal presentarán una queja ante el mismo juez.
Resulta que desde 1992 el predio de Montes Apalaches 525 fue expropiado por el entonces Departamento del Distrito Federal y declarado como Área de Valor Ambiental, sin que se efectuara el pago de la indemnización correspondiente, ni se diera el mantenimiento necesario al inmueble para destinarlo a la conservación ecológica.
Ante ello, la Inmobiliaria Trepi ha pedido que le devuelvan el predio que pertenece a la tercera sección del Bosque de Chapultepec para la construcción de una torre residencial, con departamentos de cinco mil metros cuadrados.
Fue el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa quien en su momento desechó una queja que interpusieron representantes populares para no cambiar el uso de suelo al predio ubicado en Montes Apalaches 525, y ordenó al Congreso capitalino hacer esta modificación en un plazo de diez días.
Se encuentra estipulado que, si no la realiza, el Poder Legislativo se enfrentará a una multa por el equivalente a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, unos cinco mil 657 pesos, incluso ser separados de su cargo y consignados ante un juez.
Pero la decisión en el Congreso es seguir con el proceso legal correspondiente como el presentar quejas ante las instancias correspondientes.
Dentro del documento se lee que "además de que, de persistir el incumplimiento de lo resuelto, se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia para que determine la procedencia de la aplicación de la consecuencia contemplada en la Fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución que dice: 'si la autoridad incumple la sentencia… de manera injustificada o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular responsable y consignado ante el juez de Distrito´".
Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se concede un plazo de diez días al Congreso, contado a partir de la legal notificación del provisto, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector.
A la junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de México, que preside el coordinador de la bancada del PVEM, Jesús Sesma Suárez, fue turnado el documento para que se analicen las acciones jurídicas que se emprenderán.
La postura de los congresistas, desde hace años, es el no llevar a cabo algún cambio de uso de suelo que afecte a áreas verdes de la capital, en este caso especial el Bosque de Chapultepec.
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