Se trata del primer ejercicio que coloca a las y los aspirantes fuera de los rigurosos exámenes de conocimientos y los pone frente al electorado; muchas de las candidaturas provienen del Poder Judicial en proceso de extinción y, por vez primera, han tenido que abandonar la protección de cubículos repletos de expedientes para salir a la calle a darse un baño de pueblo y a exhibirse en las redes sociales conforme con su libre albedrío.
Se ha visto de todo. Algunos ejemplos pintorescos dibujan la creatividad del momento: Harry Cruz por Veracruz que se presenta casi como súper héroe de los comics, la candidata que confiesa su amor por un edificio, la anti-publicidad del candidato que se compara con un chicharrón u otro candidato que se promociona como tu amigo Rigo y cuyo slogan reza que si le hicieron tuchi tuchi a tus derechos votes por él. Otras candidaturas optaron por entrevistas individuales o grabar videos en escenarios espléndidos aludiendo a su biografía personal narrada con mayor seriedad; otros más, han salido a las calles o asistido a mítines convocados por organizaciones gremiales o académicas, que podrían estar violando las restricciones impuestas por la autoridad, dado que se puede organizar foros de debate con inclusión de todas las candidaturas, pero no mítines.
Salvo contadas excepciones, las candidaturas se presentan ridiculizando a la función jurisdiccional y a sus personas. En un afán por acercarse a los electores han sustituido la argumentación jurídica por frases que buscan sonar divertidas; pero, al menos por el momento, presentar propuestas específicas para la transformación del Poder Judicial o para resolver sus múltiples problemáticas no es el centro del discurso de las candidaturas que están en un ejercicio de histrionismo e improvisación.
Del siguiente universo el electorado tendrá que elegir a personas juzgadoras, con boletas muy complicadas que se usarán por vez primera y que distan mucho de los diseños conocidos en la tradición electoral mexicana: 64 candidaturas para 9 cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 15 para dos plazas en la Sala Superior del TEPJF; 38 para 5 plazas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; 95 para las salas regionales del Tribunal Electoral; 1 mil 638 para las magistraturas de circuito; y 1 mil 564 para juezas y jueces de distrito.
Las campañas judiciales están convertidas en un concurso de popularidad donde las candidaturas, irremediablemente, construirán un vínculo con sus votantes, igual que los políticos cuando buscan la votación mayoritaria que los lleve a ocupar posiciones de gobierno y de representación política; solo que las personas juzgadoras caminan en sentido contrario, pues la naturaleza de sus cargos implica una desvinculación absoluta de grupos de interés, no obstante, que son campañas despersonalizadas que fueron impuestas con el pretexto de corregir los abusos cometidos por el PRI, PAN y recientemente por Morena en la designación de personas juzgadoras que ocupan los cargos más relevantes.
La participación ciudadana sigue siendo una incógnita. Para el oficialismo es vital que las casillas se nutran de votantes, aunque dudo que, con todas las estrategias que desplegarán, logren acercarse a los 36 millones de votantes que tuvieron en 2024 y que, conforme con su discurso, les pidieron realizar la reforma judicial, por ello les urge que el Tribunal Electoral revoque la decisión del INE de prohibir a los poderes públicos que promuevan la elección. Impugnaron esa regla, desconociendo lo que ellos mismos aprobaron en la reforma. Quieren que, de nuevo, el Tribunal salve a la 4T de la aplicación de normas que redactaron con deficiencia para sus intereses y que ahora los maniata para asumir la difusión de la elección que corresponde en exclusiva al INE.
0 comments:
Publicar un comentario