Durante una entrevista, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, afirmó, entre otras cosas, que las quejas contra militantes de su partido deben canalizarse a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
Sin embargo, los alcances de este órgano interno han sido limitados hasta el momento: normalmente resuelve conflictos entre afiliados o casos de violencia política, aplicando sanciones como la revocación de militancia o negación de la afiliación.
Pero el problema es que un castigo simbólico —como el impuesto al senador Yunes Márquez a quien no se le permitió la afiliación formal— resulta irrelevante cuando los implicados ya ocupan cargos públicos desde los que, según denuncias, replican prácticas corruptas. Es por ello por lo que la dimensión del problema que hoy se enfrenta en Morena, necesita que se cumplan a cabalidad las atribuciones de la CNHJ, que incluye investigar y resolver denuncias, así como vigilar el desempeño de servidores públicos y sobre todo supervisar le selección de candidatos.
Hasta ahora esta labor no se ha realizado íntegramente, una evidente prueba de ello es el "Expediente Ciudadano: 100 casos de presunta corrupción en Morena (tomo1)", un archivo que por seguridad fue recopilado de manera anónima por las Voces del Pueblo: Movimiento Nacional en Defensa de la 4T y que documenta 100 casos en todo el país que reproduce lo publicado y difundido por medios de comunicación y redes sociales, en torno a irregularidades y malos manejos por parte de funcionarios y representantes de Morena y sus partidos aliados. Elaborado mediante inteligencia colectiva, el documento revela un patrón alarmante: la prometida transformación tiende a convertirse, en algunos territorios, en un reflejo de los vicios del pasado.
La paradoja morenista es que tanto gobernadores como legisladores y funcionarios locales --afines al partido-- repiten esquemas de desvío de recursos, nepotismo y opacidad. A pesar de estas acciones de corrupción y pese a que la mayoría ya tenía antecedentes de acusaciones públicas de malos manejos, antes de ser candidatos de la alianza morena-verde-PT todos, o prácticamente todos siguen conservan sus cargos públicos. Esta contradicción, ha generado desencanto entre militantes históricos y simpatizantes del obradorismo, quienes ven reciclarse los métodos del PRIAN, cobijados bajo nuevas siglas y colores.
La ciudadanía ha emprendido una cruzada nacional para denunciar estos casos, pero surge una pregunta incómoda, sobre todo para los responsables: ¿Quién debe actuar? Las fiscalías, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tienen la atribución legal, pero su inacción frente a denuncias públicas —ampliamente difundidas en medios— es evidente. En el mismo sentido, los legisladores morenistas podrían impulsar desafueros o juicios políticos, pero hasta ahora han preferido proteger antes que sancionar.
La decepción del público ciudadano y la agenda pendiente parecen inducir a la idea de que, aunque las encuestas reflejan un gran apoyo a la política nacional del gobierno federal, hace mucha falta la presencia presidencial en la política local. Es un hecho para muchos que en lo referente al combate a la corrupción local hay una agenda presidencial que, en lo local, todavía necesita ser más visible para los ciudadanos. La desesperanza crece entre quienes creyeron en un cambio genuino y hoy enfrentan una realidad en donde "los nuevos morenistas" reproducen los abusos que se prometió erradicar. Ante esto, el colectivo ciudadano propone soluciones concretas:
1. *Crear un Consejo Ciudadano Anticorrupción*: Una fiscalía autónoma con capacidad para investigar gobernadores, legisladores y funcionarios, vinculada a instituciones como el SNA.
2. *Exigir transparencia a Morena*: Vetar candidaturas de personas con antecedentes públicos de corrupción en elecciones futuras.
La entrega formal de este Expediente (el primero de una serie) que busca convertir las promesas del combate frontal a la corrupción en hechos concretos. El mensaje es claro: la sociedad ya no acepta dichos sin acciones. El gobierno en turno, que nos ha prometido la construcción del 2º piso de una 4ª transformación, tiene en sus manos esta gran oportunidad: atender las denuncias ciudadanas y demostrar que, en efecto a nivel de los territorios gobernados por Morena, la transformación no es solamente un eslogan.
Los 100 casos que las voces del pueblo pronto darán a conocer a la autoridad correspondiente y en su caso al público interesado, no son solo números: son la prueba de que la transformación prometida podría estar siendo secuestrada por los mismos vicios que se denunciaron por el mismo líder del movimiento transformador. Si seguimos las líneas trazadas, no se pueden olvidar los preceptos fundamentales de nuestro movimiento, no mentir, no robar y no traicionar-. Es en este sentido que Morena enfrenta un gran dilema: actuar contra los corruptos instalados en su propio espacio o convertirse en lo que juró destruir. La ciudadanía, armada con datos y tecnología, ya no espera, se propone seguir vigilando, denunciando y ayudando a nuestra presidenta para combatir el histórico problema de la corrupción en nuestro país
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