Ante el creciente número de repartidores de plataformas digitales, que se cuentan entre 658 mil, de acuerdo a cifras oficiales, y 2.5 millones, según las organizaciones de repartidores. Este grupo de trabajadores representan un botín para los sindicatos, entre ellos se encuentran la Catem, Sindicato Minero, Solidarity Center, un Partido Político, Sindicato Telefonistas y otras agrupaciones que los quieren afiliar. Sin embargo, la propia organización de estos trabajadores señala que se trata de promesas vacías.
Así como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) patrocinado por una organización laboral con sede en Estados Unidos, el Siconvese (Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio), afiliada a la Catem.
La SUTRAM (Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales, Pasajeros y Alimentos de México), la Alianza Nacional de Conductores de Multi Plataforma, Conductoras y Repartidoras Unidas de México; la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales en Mèxico (Antramex); el Sindicato Independiente de Repartidores en Aplicaciones (SiraApps).
Todas estas organizaciones y movimientos argumentan que buscan representar a miles de conductores y repartidores que operan en plataformas como Uber, DiDi y Rappi, entre otras. Pero de acuerdo a la organización Repartidores Unidos de México, "los están enganchando con promesas vacías".
E indican que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, promulgada en diciembre de 2024, se consideró como una respuesta a la necesidad de garantizar derechos laborales y seguridad social para los repartidores de aplicaciones.
En entrevista con LA PRENSA, Saúl Gómez, fundador de la "Unión de Repas", y de Repartidores Unidos de México (RUM), reconoció que este grupo de trabajadores se han convertido en un "verdadero botín" para sindicatos, que los quieren afiliar.
Algunas de las citadas organizaciones están en las mesas de negociación con las autoridades correspondientes, agregó, "pero nosotros al no darles validez, lo que hicimos fue separarlas, ya que los grupos de repartidores no se sienten representados por los sindicatos", sostuvo.
Ellos buscan afiliar a repartidores, pero no lo pueden hacer porque no tienen registro oficial, no pueden cobrar, no cuentan con una constancia de representatividad, no cuentan con Contrato Colectivo. "En los estados están saliendo una cantidad brutal de sindicatos pequeños", apuntó.
Están enganchando a la gente con promesas vacías, con la garantía de que tendrán todas las prestaciones, "pero en cuanto se dé el banderazo de salida de la reforma que dicen que nos van a reconocer… no sabemos cómo se va a aplicar o cómo va a funcionar".
Información recabada por investigadores señala que algunas de esas agrupaciones son mucho más que sindicatos de trabajadores. La UNTA y Siconvese sus registros están ligados a organizaciones sindicales y empresas de servicios de transporte tradicionales, que se han visto directamente perjudicadas por la irrupción de las aplicaciones de transporte.
Saúl Gómez resaltó que las plataformas digitales en nuestro país enfrentan un nuevo escenario legal con la reciente reforma laboral que busca regular esta forma de trabajo, que seguramente cambiará por completo la ocupación y ganancias de repartidores y pequeños comerciantes como las fondas, torterías, taquerías.
Recordó que la reforma, que entrará en vigor el 22 de junio de 2025, obliga a las plataformas a inscribir a sus trabajadores en el IMSS y pagar cuotas de seguridad social, así como expedir comprobantes fiscales digitales por nóminas (CFDI) y cumplir con otras obligaciones fiscales como el Impuesto sobre Nóminas (ISN) en algunas entidades.
El 27 de junio se publicarán las reglas del IMSS para aseguramiento y lineamientos de la STPS sobre ingreso neto, día en que arranca el programa piloto, señaló.
A pesar de estas reformas, los trabajadores siguen enfrentando desafíos significativos, ya que no tienen seguridad, en varias ocasiones dejan el pedido y cuando salen, ya les robaron la moto o la bicicleta; los asaltan, extorsionan, personas que se sienten dueñas de las calles en barrios peligrosos.
Los repartidores insistieron en su llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en contra del 2% del impuesto que deben pagar las empresas a la administración capitalina Gobierno, por el uso de las calles e infraestructura, porque se van a afectar sus ingresos y afectar el bienestar de sus familias.
El 2% de impuesto fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en diciembre de 2021 y quedó regulado en el artículo 307 TER del Código Fiscal de CDMX.
El fundador de Ni un repartidor menos afirmó que si bien se planea que la medida obligue a las empresas de plataformas digitales a pagar ese 2%, se corre el riesgo que esas compañías trasladen los costos a sus ingresos, a través de una mayor carga tributaria, e incluso a los consumidores.
"No se porque quieren cobrar ese 2%, ya que Ciudad de México está muy descuidada, llena de baches, pavimento en mal estado, coladeras hundidas, lo que ha provocado diversos accidentes".
Inclusive, según información del gobierno capitalino, el 32 por ciento de las calles y avenidas en la Ciudad tienen daños severos, baches, grietas y hundimientos.
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