Rebeca Marín
En la capital del país se ha dado un incremento de fraudes inmobiliarios y es la entidad más afectada, particularmente las colonias Del Valle Centro y Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunció la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, la diputada morenista Ana Buendía García.
Por lo anterior, en la sesión del miércoles en el recinto de Donceles y Allende, la integrante de la bancada de Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 2325 del Código Civil local, a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda a través de procesos judiciales.
Al hacer uso de la tribuna, la congresista del partido en el poder expuso que en México tan solo en 2024, se registraron más de tres mil 800 intentos de fraude en la compra y renta de inmuebles, lo que representa un incremento del 58.33 por ciento respecto al año anterior.
Se pronunció a favor de que todas las ventas judiciales de inmuebles se realicen exclusivamente mediante billetes de depósito administrados por la autoridad judicial competente, con el fin de eliminar el uso de efectivo y garantizar la seguridad de las transacciones.
Buendía García se refirió a los numerosos riesgos que enfrentan las personas que participan en ventas judiciales de bienes inmuebles.
Y declaró: "adquirir un hogar no solo representa un espacio físico, sino también un refugio emocional y una expresión de estabilidad para las familias; sin embargo, cuando este sueño se entrelaza con procesos judiciales, puede transformarse en un camino lleno de incertidumbre y riesgo".
Aludió que entre los principales problemas de las ventas judiciales se encuentran la falta de transparencia, la posibilidad de fraudes, la exigencia de pagos en efectivo y la dificultad para obtener la posesión del inmueble.
Mencionó que estos obstáculos no solo afectan a los compradores, sino que también limitan la efectividad del sistema judicial y financiero del país.
Confirmó las prácticas fraudulentas por parte de empresas que se aprovechan de la buena fe de las personas interesadas en adquirir una vivienda. "Muchas familias, con la esperanza de asegurar un patrimonio, son engañadas por empresas con fachadas legítimas que desaparecen tras recibir adelantos económicos", lamentó.
Dio cuenta que la reforma propuesta al Código Penal, ofrece certeza jurídica, protege el patrimonio de los compradores y fortalece la confianza en las instituciones judiciales, al tiempo que indicó que se trata de una iniciativa sencilla, pero con impacto profundo en la vida de miles de familias.
Conminó a los representantes populares a respaldar la iniciativa como un acto de justicia social; "no podemos permitir que más personas pierdan su patrimonio por falta de regulación, es momento de tomar decisiones valientes y garantizar que el acceso a una vivienda digna sea un proceso justo, seguro y transparente".
Resulta que, a la propuesta turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y discusión, se suscribieron las diputadas Judith Vanegas y Rosario Morales, así como los congresistas Pedro Haces, Alberto Vanegas y Emilio Guijosa.
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