Rebeca Marín
La mayoría de Morena, el PVEM y el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general, por 207 votos en favor, y 167 sufragios en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud para transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) al IMSS-Bienestar.
Dicho fondo está constituido por 135 mil millones de pesos, que sumados al presupuesto aprobado para el organismo público descentralizado, alcanzaría más de 264 mil millones de pesos.
No obstante, en una primera instancia, con los recursos del Fondo que le tocan a las 23 entidades que ya se adhirieron a la federalización de los servicios de salud, el IMSS-Bienestar asegurará 234 mil millones de pesos para el 2024.
Al inicio de la discusión, la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) presentó una moción suspensiva, porque consideró que la reforma representa una amenaza al proceso legislativo y a la legalidad del país, porque la aprobación del Presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y el Senado usurpó dicha función al ser la Cámara de origen del proyecto.
Señaló que la transferencia de los recursos no tiene reglas claras y es opaca, y sólo redirigirá el presupuesto a las obras del gobierno federal; "la intención de esta reforma es gastar el dinero de la salud en total opacidad", dijo. Sin embargo, la moción suspensiva fue desechada por los diputados de la bancada morenista en votación económica.
El diputado Arturo Hernández Tapia (Morena), secretario de la Comisión de Salud, fundamentó el dictamen en tribuna, y refirió que la reforma es necesaria, ya que el esquema actual de triangulación de recursos, obstaculiza la prestación de servicios de salud para las personas sin seguridad social.
"La reforma plantea un mecanismo que permite que los recursos de los estados, destinados a la salud, sean transferidos al Fondo de Salud para el Bienestar. Esta reforma no es contraria al pacto federal previsto en el artículo 40 constitucional, porque es optativa la suscripción de convenios con el IMSS-Bienestar", expresó.
Por su parte, el diputado Marcelino Castañeda (PRD) refirió que el gobierno federal quiere controlar los recursos y se trata de un atropello flagrante a los estados, "pero los gobernadores oficialistas no levantan la voz para defender a sus gobernados".
"Las Entidades Federativas deberán de transferir los recursos propios a los hospitales de los estados, ¿Qué se pretende? No sólo disminuye el presupuesto en materia de salud para sostener los hospitales, los servicios, el crecimiento de las plantillas laborales, sino lo que cobran por servicios que ellos mismos generan", dijo.
En su turno, el diputado Braulio López (MC) expresó que la reforma representa una centralización de los recursos y de las facultades, y propicia que el presupuesto se maneje de manera opaca y se gestione desde el gobierno federal.
Refirió que su bancada está de acuerdo con dar recursos al IMSS-Bienestar para que cumpla con su función de brindar atención médica a las personas sin seguridad social, pero no aceptan que para ello, se le quite el presupuesto a los estados.
La diputada Margarita García (PT) aseguró que es mentira que con la reforma se busque entrometerse en la autonomía presupuestal de los estados que acepten adherirse al convenio de la federalización de los servicios de salud; y que el fondo se utilizará para pagar sueldos y gastos de operación del IMSS-Bienestar.
En tribuna, el diputado Yerico Abramo (PRI) añadió que la reforma pone en retroceso la dignificación de la salud, y que no hay forma de comprobar el destino de los 135 mil millones de pesos que Morena busca redirigir al IMSS-Bienestar.
"El recurso va para el IMSS-Bienestar, le van a mandar 135 mil millones de pesos, que lo digo con toda transparencia, no hay la forma de comprobarlos. En el año 2022, la Tesorería de la Federación radicó para el Insabi, 64 mil 100 millones de pesos, más su presupuesto recurrente. ¿Saben cuánto, al terminar el año 2022, regresó el INSABI a la Tesorería de la Federación? 101 mil millones de pesos. No hay forma de rastrear en qué se invirtieron", afirmó.
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