Martín Aguilar
Del jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, el Congreso capitalino recibió la iniciativa para expedir la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, misma que la presidenta de la Mesa Directiva del órgano deliberativo, diputada panista Gabriela Salido Magos, turnó a comisiones del Poder Legislativo local para su análisis.
Luego de que en la sesión ordinaria del pleno que se llevó a cabo el jueves en la modalidad a distancia, virtual, la congresista del PAN informó sobre la recepción del documento suscrito por el responsable de la administración capitalina y que en primera instancia será materia de estudio en la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, se hizo del conocimiento de los representantes populares de las diez fracciones y asociaciones parlamentarias que se propone brindar una vida digna y libre de pobreza a la ciudadanía.
Se fundamenta que, lo anterior, mediante políticas públicas universales de atención integral en materia de agua, vivienda, educación, salud, espacio público, medio ambiente, trabajo, cuidados, tiempo libre y acceso a internet, con el fin de construir un Estado de Bienestar.
Dentro de la iniciativa se tienen considerados principios como la no discriminación, el reconocimiento de la diversidad, la participación de las comunidades en el diseño y aplicación de políticas públicas, la capacidad de las personas beneficiarias de convertirse en derechohabientes y la progresividad.
Batres Guadarrama, como titular del gobierno citadino, propone la creación de un Sistema General de Bienestar en el que confluyan todas las instancias de gobierno para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales universales, como alimentación, salud, educación, cuidados, vivienda y sus servicios, trabajo, protección social, medio ambiente e infraestructura social.
Asimismo, la formulación de un programa especial al inicio de cada administración, con vigencia de seis años, que oriente las políticas públicas y programas sociales de manera transparente y participativa para contribuir al logro de las metas planteadas.
También, deberá conformarse una Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social, que sustituirá al actual Comité de Planeación para el Desarrollo Social, estará presidida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y encargada de articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de igualdad y bienestar.
Resulta que la ley se compone de 83 artículos divididos en tres títulos: Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Sistema General de Bienestar Social; Título Tercero, Planeación y Programación del Sistema General de Bienestar Social.
Se propone la creación de un Consejo de Consulta y Participación en materia de Bienestar, integrado por el jefe de gobierno, la persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y 10 representantes de la academia, organizaciones sociales y comunitarias, por un período de tres años; así como la integración de un padrón unificado de beneficiarios de todos los programas y acciones sociales.
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