Rebeca Marín
El gobierno de Naucalpan dio a conocer que los habitantes del municipio fueron víctimas de un desfalco generado por la anterior administración del orden de los 3 mil 500 millones de pesos, monto equivalente al presupuesto anual de la localidad.
A través de una infografía en la que se explican a detalle las anomalías cometidas por el gobierno pasado, dijo que se trató de un desfalco porque ese dinero no se tradujo en programas, obras, acciones o servicios.
Detalló que dicho desfalco se cometió principalmente bajo cuatro vertientes.
La primera tuvo que ver con el hecho de que se dejaron de pagar sueldos y aguinaldos a personal del gobierno.
El segundo, por la solicitud de un préstamo bancario que no se pagó.
El tercero, por falta de pago a dependencias como la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración Tributaria.
El cuarto por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, vía liquidación.
Ante tal situación, el gobierno que preside la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, dijo que ha tenido que enfrentar serias consecuencias por este desfalco, pues ha generado obligaciones de pago por mil 400 millones de pesos, cantidad que pudo haberse destinado a obras y servicios.
Frente al desastre financiero, agregó que se ha procurado ordenar la hacienda municipal, para permitir tener una base sólida para recuperar la operatividad de la administración pública.
"Nos hemos conducido con responsabilidad financiera, pagando casi 1,500 millones de pesos de la deuda heredada", dice el documento ilustrativo divulgado por la administración municipal.
Agrega que "para combatir la raíz de estas irregularidades, la Tesorería Municipal dio parte a la Contraloría Interna que ya ha fincado responsabilidades administrativas y resarcitorias a algunos presuntos responsables de este desfalco. Se han realizado diez procedimientos sancionatorios contra exfuncionarios del gobierno anterior por casos derivados de auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría Municipal".
Indicó que se ha dado puntual seguimiento a las sanciones correspondientes a 52 observaciones derivadas de auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a la administración 2019-2021 y que no fueron solventadas en su momento por exfuncionarios del gobierno anterior.
Finalmente, sobre las observaciones de la Auditoría Superior de Fiscalización, dijo que se tiene el préstamo bancario que no se pagó, y en la auditoría de 2022 las entidades fiscalizadoras no han determinado daños directos ni indicaciones de un mal manejo de recursos, pues actualmente nos encontramos en la etapa de solventar las observaciones.
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