Rebeca Marín
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por más de 107 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2023, lo que representa poco más del diez por ciento de los mil 97 millones de pesos que se le asignó de presupuesto al organismo el año pasado.
De acuerdo con la auditoría 2024-04-X00-OEF-VI-001, correspondiente al Presupuesto y Gasto Corriente de dicha instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación y que preside la comisionada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en el acto de fiscalización se hallaron anomalías en tres rubros.
En el documento que está dirigido a Reyes Sahagún, con fecha del 26 de marzo de este año, del cual El Sol de México tiene una copia, la Función Pública detectó "inconsistencias, deficiencias y desfases en los procesos de otorgamiento, autorización, formalización y administración del Subsidio para realizar acciones de búsqueda" por 49.9 millones de pesos.-
También se encontraron "inconsistencias y desfases en los reintegros a la Tesorería de la Federación por rendimientos financieros y montos no ejercidos del Subsidio y de la Bolsa de Recursos Concursables durante el ejercicio 2023" por la cantidad de 57.1 millones de pesos.
Otras irregularidades que se detectaron fueron que, en sus respectivos informes trimestrales, las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí "no se localizó evidencia documental que acredite el avance reportado, como contratos, convenios, pedidos, facturas o cualquier otra documentación necesaria" para acreditar las acciones de búsqueda.
Se esperaba una versión de la CNB sobre este asunto, vía telefónica y por correo electrónico a la cuenta institucional de Ulrich Santa María Bouquet, director de Comunicación Institucional del organismo.
La auditoría abarca todo el ejercicio fiscal 2023 de dicha institución, es decir, los casi ocho meses del periodo de Karla Quintana Osuna, excomisionada de la CNB, quien presentó su renuncia al cargo el 23 de agosto del año pasado "por diferencias sustantivas tanto en la forma como por objetivo en el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas", así como los dos meses de Reyes Sahagún al frente del organismo, luego de su designación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de octubre de 2023.
Tras la renuncia de Karla Quintana, López Obrador la acusó en su conferencia matutina del 13 de noviembre de "alterar el Registro Nacional de Desaparecidos" con el fin de afectar a su gobierno y dijo que la ex comisionada "actuó de manera irresponsable y de mala fe".
Luego del polémico censo que efectuó el gobierno federal, el 18 de marzo la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que hasta el 15 de marzo había un registro total de 99 mil 729 personas desaparecidas o no localizadas, casi 27 mil menos de las que manejó la CNBP cuando Karla Quintana estuvo a cargo del organismo, es decir, de más de 126 mil personas en dicha condición.
Tras detectar estas irregularidades, el órgano fiscalizador instruyó a dicha institución a aclarar los 49.9 millones de pesos, específicamente "presentar las evidencias debidamente soportadas respecto a la diferencia de 20.1 millones de pesos obtenida de la aplicación de porcentajes por concepto de proyectos ejecutivos en 12 Comisiones Locales de Búsqueda (CLB)".
En las observaciones correctivas de la auditoría también se solicita a la CNB "aclarar los 18.7 millones de pesos que resultaron de la falta de aplicación del 25 por ciento obligatorio para modalidad de proyectos ejecutivos modificados en las CLB de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas".
Sobre las inconsistencias y desfases en los reintegros a la Tesorería de la Federación por rendimientos financieros y montos no ejercidos del Subsidio y de la Bolsa de Recursos Concursables durante el ejercicio 2023 por la cantidad de 57.1 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública solicitó a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda "comprobantes bancarios que acrediten la realización de estos reintegros".
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