Con un poderoso partido que recibe abrumadoras votaciones como es el caso de Morena en 2024, México necesita una oposición inteligente, fuerte, que represente a las minorías y que sirva de contrapeso a los posibles excesos en que podría incurrir un partido que domina el Congreso de la Unión.
Dicho de otro modo, es necesario que las organizaciones opositoras sean sólidas y democráticas y que defiendan sus posiciones con argumentos veraces y no con mentiras multiplicadas por el magnavoz de las redes sociales. Para mal de México, una oposición como esa no existe.
Peor aún, lo que existe es un par de partidos en crisis de identidad y dirigencia, que pueden seguir el menguante camino del otrora centro de las esperanzas de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática.
El caso más lastimoso es el del que fue poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde la militancia no ha podido desembarazarse de un líder pernicioso que lo ha conducido de fracaso en fracaso. Perdió no sólo la Presidencia de la República sino durante su gestión el PRI, que gobernaba 12 estados en 2019, hoy sólo lo hace en dos, Coahuila y Durango. Es decir, el mismo número de entidades gobernadas por otro partido de oposición, Movimiento Ciudadano, que domina en dos de las entidades con mayor peso político y económico del país, Nuevo León y Jalisco.
Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, hoy se aferra a su puesto directivo en el que pretende reelegirse -para lo cual promovió una polémica reforma estatutaria- y ello pese al cúmulo de denuncias que reúne por presunta corrupción y pese al rechazo de connotados priistas que incluso han presidido el PRI como Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa Reza.
La gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, ha exhibido parte de las ostentosas riquezas de Alito y, mediante diversos audios, también presuntos actos de corrupción política de su antecesor. Por su parte, el diputado morenista Miguel Prado lo acusa del desvío de 4 mil millones de pesos de recursos federales detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Según el legislador, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, los delitos atribuibles al líder priista serían, entre otros, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y peculado.
Es fama que uno de los impulsores de Moreno para que llegara a la dirigencia priista es Alfredo del Mazo Maza, quien hubo de entregar la gubernatura mexiquense a la morenista Delfina Gómez, tras de más de 90 años de dominio priista.
Moreno culpó a Del Mazo de la derrota y lo expulsó del partido. El ex gobernador lo tachó de mentiroso y traidor y añadió: "Se está quedando solo, abandonado y se ha convertido en el enterrador del PRI". Las derrotas priistas de 2024 parecen darle la razón al ex gobernador, pero es indeseable que su augurio se cumpla.
En abril de 2023, la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedió a Moreno Cárdenas la prórroga de su mandato, con los votos en contra de los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. En la sentencia respectiva (SUP-JE-20/2023) se precisa que la ampliación no implica reelección ni permanencia indefinida.
Ahora, contra el intento de reelección de Alito se presentaron al menos seis juicios de militantes y ex dirigentes del PRI, los cuales le fueron turnados al magistrado Rodríguez Mondragón, quien el pasado martes 16 hizo público un proyecto de resolución de cinco Juicios de la Ciudadanía en contra de los actos partidistas para renovar la dirigencia.
En su propuesta de Acuerdo de Sala, que deberá ser aprobado por la SS posiblemente por la reprobable vía del Whatsapp, Rodríguez Mondragón plantea determinar la improcedencia de los juicios, pues los demandantes omitieron agotar la instancia de justicia interna del PRI que, en primera instancia, debe revisar los actos partidistas reclamados, entre ellos la Convocatoria para renovar la dirigencia partidaria y el Manual de Organización del Proceso.
Además de plantear el reencauzamiento de las demandas a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, el magistrado ponente propone ordenar a ese órgano que resuelva el caso antes del 22 de julio, fecha establecida para el registro de candidaturas internas.
El proyecto de Rodríguez Mondragón, que hasta el momento de escribir esta columna aún no ha sido aprobado, no prejuzga el fondo del asunto, sino lo pone sobre las vías ortodoxas para casos como el priista. Si los quejosos estuvieran en desacuerdo con las determinaciones de la Comisión mencionada - como es probable que ocurra-, podrán acudir a las instancias jurisdiccionales.
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