Rebeca Marín
El coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, aseguró que el origen del alto costo de las rentas de vivienda en la metrópoli es la falta de planeación y de acceso a la compra de esta.
Refirió que lo anterior, afecta principalmente a los jóvenes, quiénes no pueden acceder a un crédito y son expulsados hacia la periferia ante los altos costos de alquiler.
Asimismo, el diputado por Movimiento Ciudadano consideró que las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Vivienda por parte del Poder Legislativo local, al atender la iniciativa que en la materia envió el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama para poner un tope a las rentas, son un paliativo porque el origen del problema está en la falta de una política integral de vivienda.
Y detalló: "la propuesta contribuye a visibilizar el problema, pero no atiende el origen que lo genera".
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del INEGI, hay 2 millones 800 mil viviendas habitadas en la ciudad, pero faltan más de 800 mil para satisfacer la demanda.
"Entonces lo que tendríamos que plantearnos es la construcción de una verdadera política de vivienda y su adquisición a bajo costo", dijo.
Confirmó que actualmente el precio de un departamento, en promedio, es de 3.9 millones de pesos, 1.5 millones más que en 2021, por lo que automáticamente impacta en el alquiler, que en el mismo periodo aumentó un 37 por ciento.
Royfid Torres aludió que "las rentas son esta última parte del gran problema de la vivienda en la ciudad y que esperamos que esta iniciativa exponga y ayude a quienes hoy enfrentan esta gran realidad de altos costos de renta".
Hizo votos que lo aprobado en días pasado por el Congreso capitalino en materia de vivienda para poner un tope a las rentas, que éstas no incrementen más allá del porcentaje en que se ubique la inflación, sea también el inicio de la discusión a un problema de fondo que se tiene y que afecta principalmente a jóvenes, que son a quienes se les tiene que garantizar este derecho y que ya no sean expulsados de la capital del país.
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