Martín Aguilar
Las empresas gaseras denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la existencia de 21 grupos clandestinos y pseudosindicatos que controlan el mercado metropolitano del Gas LP y le cuesta a Pemex 20 mil millones de pesos al año por que venden combustible robado sólo en el Valle de México.
De acuerdo con el documento presentado por los gaseros a la fiscalía capitalina, la existencia de estos grupos incrementa los riesgos que corren los ciudadanos por la posibilidad de que haya más accidentes, hay una restricción en la oferta del servicio e incidencia en el precio, se crean grupos de choque que impiden la libre concurrencia de las empresas y crece la delincuencia organizada.
Los 21 grupos identificados son los siguientes: ACME, Sindicato Libertad, AGUM, Organización de Gaseros Zona Oriente, Asociación de Gaseros 2020, Unión de Gaseros de Tecámac (Los Selectos09), Asociación de Gaseros Zona Sur Xochimilco, Asociación de Gaseros Zona Oriente Agrícola (MUZGO).
La Unión de Gaseros de Cuautepec, Unión de Gaseros de Teotihuacán, Asociacióm de Gaseros de Coacalco, Unión Iztapalapa, Grupo Ecatepec, Gaseros Unidos del Sur, Gaseros 319, Asociación de Gaseros de Tepejí.
Gaseros Independientes, Grupo Chapulines, Grupos Unidos Coyoacán, Mondragón y GUAO.
La reunión de los empresarios gaseros con la fiscalía capitalina busca sobre todo poner en la mesa la presión que tiene el crimen organizado sobre esta actividad en regiones completas de la Ciudad de México, como son presionados y sus instalaciones dañadas por parte de supuestas organizaciones que controlan mercados completos y generan distorsiones en los precios ya que no se pueden reflejar las bajas que hay en el mercado.
Los seis receptores de impacto, por la existencia de estos grupos, identificados por los empresarios son el consumidor, Pemex que ve incrementado el riesgo por accidentes derivado de tomas clandestinas y distintas modalidades de robo así como perdidas anuales por 20 mil millones de pesos.
El Estado, como tal, porque se vulnera el Estado de Derecho, una condición necesaria en la seguridad pública, económica y de desarrollo del bienestar social de la población mexicana y se disminuye el ingreso público a consecuencia del robo y venta ilegal del Gas LP.
El sector energético por la incertidumbre jurídica y económica que desincentiva las inversiones y la consecución de objetivos nacionales y regionales y los distribuidores permisionados que ven vulnerada la continuidad operativa en términos de la prestación de un servicio seguro, oportuno y continuo.
De acuerdo con los empresarios, las tomas clandestinas de Gas LP se encuentran en más de un 90% en seis estados: Veracruz con más de mil, Puebla con casi 800 y el Estado de México tiene 300 mientras que Tlaxcala llega a 250, Oaxaca y Tabasco y otros estados tiene un 5% del total de las tomas clandestinas.
El caso es que el combustible que es robado en la zona cercana a la CDMX termina siendo vendido en prácticamente todo el Valle de México ya sea que es adquirido por los 21 grupos mencionados o por intermediarios.
El robo a Pemex es la principal fuente de abastecimiento del mercado negro de Gas LP, y es que de acuerdo con los datos de los empresarios en 23 años hubo 105 mil 181 tomas clandestinas en los ductos de petrolíferos de la empresa, pero lo más rudo ocurrió en los últimos seis años.
Sólo de Gas LP se registraron 11 mil 819 tomas clandestinas en 17 años, sin embargo, el 72% -es decir 7 de cada 10- ocurrieron entre 2018 y 2023, más aún, sólo el año pasado hubo 2 mil 470 ataques a los ductos de Pemex, lo que representa un incremento del mil 113% frente a 2018 cuando hubo 222 tomas clandestinas.
En la Zona Metropolitana del Valle de México operan 5 mil 66 pipas que distribuyen Gas LP, mil 422 camiones con cilindros portátiles y 444 estaciones de carburación. En total hay 100 plantas de distribución.
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