Martín Aguilar
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Veracruz, emitieron un comunicado este domingo deslindándose de cualquier tentativa de agresión física contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la antigua casa de Benito Juárez.
Los trabajadores del PJF condenaron enérgicamente el incidente y precisaron que, aunque acudieron a manifestarse pacíficamente, fueron personas identificadas como cercanas al Morena quienes lanzaron objetos como rocas y botellas tanto a las autoridades asistentes como a los manifestantes.
"Condenamos enérgicamente el incidente y reiteramos que nuestra manifestación fue pacífica. Los actos violentos fueron perpetrados por individuos ajenos a nuestra organización", declararon los trabajadores en su comunicado.
Además, denunciaron la presencia de "incitadores a la violencia" durante el evento y solicitaron el cese inmediato de Jorge Cedillo Guevara, trabajador de la dirección de política regional de la Secretaría General de Gobierno en Veracruz, a quien acusan de incitar a la violencia.
En diversos videos que circulan en internet, se observa un conato de riñas entre manifestantes durante la llegada del Presidente. El incidente afectó a civiles, manifestantes y periodistas locales.
Los trabajadores del PJF reiteraron su compromiso con la paz y la legalidad, y pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Por otra parte, el paro nacional de los trabajadores en contra de la reforma se mantiene hasta el 2 de octubre.
La Asociación resaltó que la prórroga se mantendrá hasta que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo para definir las estrategias necesarias con finalidad de proteger los derechos laborales que asisten a las personas que se desarrollan en tribunales y juzgados.
Destacó que el 20 de agosto válidamente se declaró suspensión de actividades jurisdiccionales con atención de casos urgentes para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que detuvieran el proceso de reforma judicial, dadas sus múltiples y notorias imperfecciones, y se reencauza la discusión pública hacia una reforma integral de la justicia.
Subrayó que este propósito, legítimo a los ojos de la sociedad civil, fue desatendido por las fracciones mayoritarias del Congreso de la Unión, las que en un proceso desaseado aprobaron la reforma
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