Rebeca Marín
Las empresas privadas podrán participar en el sector de hidrocarburos acompañados del Estado, de acuerdo con una actualización realizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma energética presentada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.
La comisión agregó un párrafo a la propuesta de reforma del artículo 27 de la Constitución en el que se menciona que, con el propósito de obtener ingresos, el Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos mediante asignaciones a las empresas públicas del Estado (Pemex) o a través de contratos con particulares.
"Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares", se puede leer en el dictamen.
De todas formas, se específica que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos, por lo que se busca dejar en claro que no se otorgarán, directamente, concesiones a privados.
La comisión también incluyó que no se otorgarán concesiones para explotar el litio, y que el Estado quedará a cargo de la transición energética.
"(El Estado) utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales", señaló el dictamen.
La reforma en materia de áreas y empresas estratégicas comenzará a discutirse el próximo jueves en la Comisión de Energía del Senado, que será presidida por la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, mientras que Miguel Ángel Yunes Márquez ocupará la secretaría de la comisión.
La firma legal Cortés Quesada abogados señaló que entre los cambios más importantes que se buscan realizar a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución se encuentra la eliminación de referencias a empresas productivas del Estado, para en su lugar referirse a empresas públicas. Esto cubre a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex.
Asimismo, la reforma busca que todas las actividades realizadas por empresas públicas del Estado sean agregadas a una lista llamada "áreas estratégicas exclusivas", algo que no se contemplaba en la iniciativa que envió el expresidente López Obrador.
Al respecto, los especialistas legales consideran que se debe poner atención a la aplicación de la reforma, ya que el hecho de que se considere que todas las actividades de CFE y Pemex como áreas estratégicas, podría generar que dichas actividades sean realizadas de forma exclusiva por el Estado, incluyendo transporte y comercialización de hidrocarburos, así como generación y comercialización de electricidad.
"Por lo que sería de suma importancia delimitar e interpretar la intención del legislador para incluirlas con ese carácter, para poderlo reflejar apropiadamente a nivel ley secundaria", indicó la firma de abogados.
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