Martín Aguilar
Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia hace 53 días y dejó una herencia al Congreso que se ha convertido en la prioridad de la actual legislatura: su Plan C de 20 iniciativas.
La Cámara de Diputados fue la cámara de origen de todas las iniciativas y hasta el momento los legisladores han aprobado 14 de las 20 iniciativas del denominado Plan C, de las cuales seis ya entraron en vigor tras ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Cuatro están pendientes por aprobar en el Senado, cinco por el Pleno de la Cámara de Diputados, dos por aprobar en las legislaturas locales y dos por ser declaradas constitucionales por el Congreso de la Unión y una de ellas, la reforma electoral, fue desechada en la pasada legislatura al no haber sido aprobada en comisiones.
Reforma Judicial: establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, reduce de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sustituye el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Órgano de Administración Judicial
Reforma pueblos originarios y afromexicanos: dejan de ser entidades de interés público y se convierten en titulares de derecho y obligaciones jurídicas. El cambio les otorga el derecho de ser consultados cuando se pretenda implementar alguna reforma o medida administrativa que pueda afectar su vida o entorno.
Reforma energética: devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) el carácter de empresas públicas del Estado, es decir, abandonan su visión de generar ganancias que les otorgó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y se concentrarán en proveer el servicio energético a la Nación.
Reforma ferroviaria: permite al Estado retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de trenes de pasajeros y faculta a la presidenta Claudia Sheinbaum a otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
Becas para el Bienestar Benito Juárez: establece la obligación de otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad: establece que el Estado garantizará el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en menores de 18 años prioritariamente, los indígenas y las personas en condición de pobreza; y una pensión para las adultos mayores a 68 años y mayores a 65 en el caso de los indígenas.
Extinción de órganos autónomos: Desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Sus atribuciones serán reasignadas a dependencias del Poder Ejecutivo federal.
Prisión preventiva: agrega los delitos de extorsión y la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva incluidos en el artículo 19 de la Constitución.
Guardia Nacional: traslada el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Apoyo a jóvenes: eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y garantiza un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, fijado en siete mil 468 pesos para 2024.
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