Martín Aguilar
El Congreso capitalino aprobó la reforma antiextorsión enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para incrementar de 10 a 15 años las penas contra este delito. Con una votación unánime de 57 legisladores, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Administración y de Justicia para que el delito pase a ser de origen mixto, es decir, contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia.
Además, los cambios al Código Penal de la CDMX permitirán definir penas para los llamados "montachoques", y de cobranza ilegítima de deudas, conocido como "gota a gota", a quienes les darían 15 años de prisión y multas de hasta tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el fin de evitar la libertad bajo fianza de los extorsionadores.
Aunado a ello, se podrá perseguir sin una denuncia de por medio y tendrá 15 agravantes que duplicarán la pena. En su razonamiento, Elizabeth Mateos, de Morena, explicó que muchas de las personas que sufren extorsión no denuncian, por lo que con esta iniciativa se podrá revertir la incidencia delictiva y mejorar la confianza en las instituciones.
A su vez, Yolanda García, del PVEM, mencionó que con esta reforma se construye un andamiaje legal a favor de los derechos humanos y su cumplimiento efectivo. Por su parte, la dirigente de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que esta iniciativa permitirá a la ciudadanía vivir más segura y poder tener la certeza de que las autoridades las apoyarán en el proceso.
Afirmó que con esto se cre una Fiscalía especializada en materia de extorsión, así como la instalación de una línea telefónica para atender los casos de manera inmediata. No obstante, Mario Enrique Sánchez, del PAN, recalcó que el endurecimiento de las penas únicamente logrará un aumento en la población carcelaria y un deterioro en las condiciones de reclusión, por lo que pidió contemplar que no sean penas tan excesivas.
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