Rebeca Marín
El analizar la obligación de que en el interior de taxis y vehículos de transportación de personas se coloquen cámaras en protección de los usuarios, principalmente mujeres, será materia por atender en el Congreso de la Ciudad de México al haber ingresado a comisiones de ese órgano deliberativo una iniciativa en ese sentido.
Los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del recinto de Donceles y Allende, principalmente, son los que se darán a la tarea de discutir para su dictaminación, la iniciativa de la diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, que contribuye a la seguridad de las personas.
En particular, se abonaría a la seguridad jurídica de quienes usan y conducen taxis y unidades privados por aplicación, al establecer la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con sistemas de videograbación continua.
La representante popular por Gustavo A. Madero dijo que la reforma adiciona un capítulo al título tercero de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Ello, a fin de que "se eleve a la Ley de Movilidad el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, mismo que ya se encuentra legislado en el Reglamento de dicha Ley, asimismo se homologa el artículo 57 respecto del Registro de éstos ante la secretaría de Movilidad", explicó.
Asimismo, delineó que se busca adicionar un artículo 223 Quáter como parte sustancial, para establecer que los servicios de transporte de pasajeros privado especializado con chofer deben instalar y utilizar cámaras de videograbación durante sus trayectos para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.
Buendía García estableció que las cámaras deberán funcionar continuamente sin obstruir la visibilidad del conductor, y las grabaciones deben almacenarse de manera segura durante 30 días, excepto si se necesitan como evidencia.
Mencionó que adicionalmente, se prevé que las plataformas de transporte deben informar a los usuarios y conductores sobre la existencia y el propósito de las cámaras, y las grabaciones solo podrán ser accesibles por autoridades competentes en casos de seguridad o investigaciones, no pudiendo ser utilizadas para otros fines sin el consentimiento expreso de las partes involucradas.
Recalcó que la videograbación de los viajes permitiría contar con evidencia visual que podría ser crucial en casos de denuncias, permitiendo una acción más rápida y efectiva por parte de las autoridades. Esta medida no solo disuadirá a los delincuentes de cometer actos ilícitos, sino que también proporcionará una herramienta valiosa para esclarecer los hechos en situaciones de conflicto o acusaciones falsas, es decir, servirían como un apoyo fundamental para garantizar la transparencia y la justicia en el servicio de transporte privado.
Desde el surgimiento de plataformas que ofrecen servicio de taxi privado como Uber, que entró en funciones en el país desde el 2013, y la marca Didi desde el 2018, más del 20 por ciento de los usuarios de transporte en la Ciudad de México los utilizaron, pero lamentablemente surgieron problemas de carácter penal que afectan tanto a los conductores como a los usuarios, expuso.
"En muchos casos, los conductores han sido víctimas de asaltos, robos de vehículos e incluso han perdido la vida a manos de delincuentes. Y por otro lado, los usuarios también han enfrentado situaciones de asalto y violencia, especialmente las mujeres, quienes son vulnerables a agresiones de género", acotó.
Ana Buendía recordó los casos difundidos en los medios sociales y de información sobre Rafa Wayne y Lady Uber. Recalcó finalmente que esta política se ha implementado desde el año 2012, en países como Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Brasil y España.
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