Rebeca Marín
La comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y calentadores de tabaco podría generar una recaudación fiscal de alrededor de 6 mil 941 millones de pesos en México, pero dado el esquema de regulación y prohibición, este potencial recaudatorio se está perdiendo, manifestó el profesor e investigador del Colegio de México (Colmex), Jaime Sampere.
A pesar de la prohibición vigente en México sobre los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, su consumo persiste y ha dado lugar a un mercado estimado en más de 26 mil millones de pesos anuales.
Esta situación ha generado un entorno de informalidad e ilegalidad, con implicaciones tanto fiscales como de salud pública.
La evidencia empírica del estudio, basada en encuestas y entrevistas, muestra que la prohibición ha sido ineficaz, fomentando un mercado negro sin control sanitario ni recaudación fiscal.
Así, el estudio propone sustituir el enfoque prohibicionista por uno regulatorio que permita controlar calidad, limitar acceso a menores, establecer impuestos específicos (IEPS) y promover una transición hacia productos potencialmente menos dañinos.
"Es una recaudación potencial, que ahora es una recaudación perdida, porque el esquema de prohibición nos impide poner un impuesto de este tipo", expuso Sempere.
Durante el lanzamiento del estudio "El mercado de productos alternativos de suministro de nicotina en México" elaborado por Jaime Sempere y Iñaki Zardain, investigadores del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, donde se ofrece un análisis exhaustivo del mercado mexicano de productos alternativos de suministro de nicotina, con énfasis en dispositivos electrónicos como vapeadores y cigarros electrónicos.
El académico destacó que el monto de la recaudación equivaldría a casi el 30% del presupuesto anual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; por lo que estimó un valor de mercado de 26 mil 316 millones de pesos para 2024, considerando cigarrillos electrónicos.
Reiteró que "es una pérdida, dado el esquema de regulación-prohibición que estamos adoptando que impide poner un impuesto de este tipo", citó.
Previó que esta potencial de recaudación (cercana a los 7,000 millones de pesos) equivaldría a aproximadamente 18% del presupuesto del programa Sembrando Vidas del 2024, el cual ascendió a 38 mil 928 millones de pesos.
En los últimos años se han realizado varios esfuerzos para prohibir el mercado de productos alternativos de tabaco y nicotina a través de dos Decretos Presidenciales: el primero en 2020 y el segundo en 2022.
Los Decretos prohíben la comercialización, importación, venta y distribución de sistemas de entrega de nicotina electrónicos y sistemas similares de nicotina bajo el argumento de su impacto negativo en la salud pública.
Entre la población joven, el 4.6% de los adolescentes reportaron fumar actualmente y el 3.7% reportaron haber fumado en el pasado. Además, el 2.6% de los adolescentes reportaron usar cigarrillos electrónicos, lo que equivale a unos 500 mil adolescentes.
Frente a un marco regulatorio que prohíbe sin evidencia científica y es insensible a la creciente demanda, hay un crecimiento y "normalización" del mercado negro, a través de estrategias comerciales que difícilmente ocurrirían si el mercado estuviera regulado de manera responsable y estricta.
Es importante recordar que los vapeadores son dispositivos que calientan un líquido para producir un vapor inhalable. Pueden ser desechables, recargables o utilizar cartuchos. Su propósito principal es ofrecer una alternativa al consumo de cigarro o tabaco tradicional.
Horacio Sobarzo, profesor e investigador del Colegio de México, expuso que la regulación en México ha fracasado en un "mercado que no existe oficialmente, pero que sí existe", ya que sigue operando de manera ilegal.
Estimó que la recaudación potencial perdida por la prohibición de vapeadores equivaldría a aproximadamente el 18% de lo que se recaudaría adicionalmente por impuestos al alcohol.
Finalmente, el estudio resalta que la evidencia reunida sugiere que el modelo de prohibición adoptado en México no ha logrado sus objetivos sanitarios ni regulatorios. Frente a un mercado vigoroso, creciente e informal, una regulación inteligente podría permitir el control de calidad, la protección de menores, la reducción de daños en salud pública y una significativa captación fiscal.
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